Una mujer enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes en Ecuador. La Fiscalía presentó cargos contra Gabriela G. tras la denuncia de una víctima que reveló una alarmante red de migración ilegal a los Estados Unidos.
Según la denuncia presentada en febrero de 2023 en Riobamba, la víctima conoció a Gabriela G. a través de amigos y le comentó sobre sus problemas económicos. La ahora procesada le habría ofrecido ayuda para emigrar ilegalmente a Estados Unidos, ya que se dedicaba a esa actividad.
Acordaron un pago de $2,500, que el denunciante canceló. El 7 de enero de 2023 viajaron vía terrestre desde Riobamba hasta Tulcán, donde les esperaba otra persona para llevarlos por pasos fronterizos no autorizados a Estados Unidos.
Mientras la víctima se encontraba viajando, Gabriela G. se comunicó con un familiar del denunciante para cobrar $2,400 más, los cuales fueron depositados en una agencia bancaria a nombre de un ciudadano que supuestamente lo iba a esperar en México.
Tras varios días de viaje, llegaron a Tapachula (México). Allí, un coyotero les habría entregado visas mexicanas falsas para poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, la travesía se truncó cuando la víctima fue detenida en la frontera entre México y Estados Unidos y posteriormente deportada a Ecuador.
La Fiscalía inició una exhaustiva investigación que incluyó diligencias e informes de la Unidad Nacional de Investigación Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Además, obtuvo información relacionada al proceso de detención y deportación del denunciante, documentación de los créditos obtenidos para pagar a los coyoteros, comprobantes de depósitos y transferencias, movimientos migratorios, reportes telefónicos, entre otros.
Al concluir la audiencia, el juez dispuso medidas cautelares que incluyen la presentación periódica de Gabriela G. ante las autoridades y la prohibición de salida del país. El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de la libertad de siete a diez años.
Este caso evidencia la existencia de redes de tráfico ilícito de migrantes que operan en Ecuador, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de las personas para ofrecerles un sueño americano que termina en deportación y endeudamiento. Las autoridades deben redoblar esfuerzos para desmantelar estas organizaciones criminales y proteger a los migrantes de ser víctimas de este delito.
