En el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela, que se celebrarán el 28 de julio, la oposición se une en un esfuerzo por derrotar al chavismo, algo que no ocurriera en las elecciones de 2018, cuando consideraron que no existían condiciones justas para competir. Esta vez, la candidatura de Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria, surge en un escenario donde las encuestas muestran un fuerte apoyo a la oposición, lo que representa la mejor chance para un cambio en 25 años. Sin embargo, a pesar del clima de descontento y deseo de cambio, los analistas advierten que los resultados no están garantizados debido a las diversas restricciones y obstáculos que enfrenta la oposición.
La inhabilitación de María Corina Machado, quien había sido la candidata destacada en las primarias opositoras, ha sido un golpe significativo, lo que llevó a la postulación de González Urrutia, un diplomático retirado poco conocido. Desde el inicio de la campaña, la oposición ha denunciado un entorno hostil, con detenciones de sus líderes y ataques sistemáticos por parte de las instituciones del Estado. Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto restricciones severas que dificultan la inscripción de votantes en el extranjero, donde residen entre 3,5 y 5,5 millones de venezolanos.
A pesar de las encuestas que favorecen a la oposición, el gobierno de Maduro cuenta con ventajas significativas en recursos y control institucional, lo que podría influir en la movilización de votantes. La oposición enfrenta el reto crucial de garantizar una alta participación de sus electores, ya que cualquier baja afluencia podría favorecer automáticamente al gobierno. Los expertos señalan que, aunque el sistema de votación es técnicamente confiable, la capacidad de movilización del gobierno sigue siendo superior a la de la oposición.
El desenlace de estas elecciones tiene implicaciones profundas no solo para el futuro de la Revolución Bolivariana, sino también en la agenda internacional, especialmente en lo que respecta a las sanciones impuestas a altos funcionarios del gobierno. Las circunstancias en las que se desarrollan estos comicios, marcadas por limitaciones y presiones políticas, han llevado a calificar las elecciones como “semicompetitivas”, y tanto la oposición como el oficialismo deberán demostrar su capacidad para movilizar a sus electores el día de la votación.
