Cada vez son más frecuentes los informes de migrantes que mueren y desaparecen en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México, debido en parte a una política fronteriza restrictiva que lleva a las personas a cruzar por rutas más remotas y peligrosas.
Desde que se desató la pandemia mundial de coronavirus en marzo de 2020, más de 250 migrantes habrían desaparecido cuando intentaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, según el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, entidad que ayuda a localizar e identificar los restos de migrantes hallados en las zonas fronterizas. En años anteriores, el grupo recibía unos 150 informes de este tipo cada año.
Este repunte se produce debido a que el presidente Joe Biden mantiene una norma de la administración Trump conocida como Título 42, que fue implementada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como una medida de salud pública al inicio de la pandemia para prevenir la propagación del COVID-19. Esta les otorga a los funcionarios fronterizos la autoridad para expulsar a los migrantes detenidos durante la pandemia.
En relación con esa orden, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) anunció el 21 de julio que las restricciones fronterizas con Canadá y México se mantendrán durante un mes más, dado el aumento de los casos de la variante delta del coronavirus, la cual se propaga más rápidamente.
Mediante el Título 42, los agentes fronterizos han expulsado a más de 973.000 personas entre marzo del año pasado y junio de 2021. Muchos de ellos son migrantes centroamericanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años para escapar de los efectos del cambio climático, la pobreza y la violencia, entre otros factores. Pero también hay muchos mexicanos que están cruzando cada vez más la frontera.
Las políticas como el Título 42 han suspendido el otorgamiento de asilo y “han hecho que el cruce clandestino de la frontera sea la única opción factible para ingresar a Estados Unidos”, lo que parece haber llevado a que muchos individuos “que quizá habrían solicitado asilo legalmente se lancen a áreas remotas y peligrosas del desierto”, según un informe de abril de 2021 que analiza las muertes de migrantes indocumentados, publicado por el Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona.
Los grupos de derechos humanos consideran que dicha política es “ilegal y discriminatoria”, dado que les niega a las personas el derecho a solicitar asilo legal según el derecho internacional humanitario. Al Título 42 se le han hecho algunas excepciones, como el caso de los niños no acompañados que llegan a la frontera y algunos grupos familiares.
En una carta al gobierno de Biden, los grupos de derechos humanos también han señalado los “crecientes peligros que enfrentan los solicitantes de asilo y los migrantes sujetos al Título 42”.
Solo en junio, por ejemplo, el grupo sin ánimo de lucro Humane Borders descubrió los restos de 43 migrantes en el sur de Arizona. Más de dos tercios de esas personas fueron encontradas casi una semana después del momento de su muerte. Los otros cuerpos habían estado allí por más tiempo.
El grupo encontró los restos de 227 migrantes en 2020, lo que lo convierte en el peor año desde que se mantienen los registros de los cruces fronterizos irregulares en Arizona. Las muertes de migrantes que se aventuran por cruces más remotos también están generando preocupación en Texas. La mayoría de las muertes registradas en la frontera en los últimos años son de personas de América Latina y el Caribe, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Es probable que las expulsiones a raíz del Título 42 contribuyan al aumento de los cruces repetitivos. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Patrol, CBP) dijeron recientemente que, en comparación con el año pasado, están encontrando menos migrantes nuevos, y que ha aumentado el número de personas que hacen más de un intento de cruzar.
Análisis de InSight Crime
Las restricciones fronterizas como el Título 42 no han logrado disuadir a los migrantes de dirigirse a Estados Unidos, y a menudo han tenido efectos adversos, como ponerlos en mayor peligro o llevar a un aumento de las ganancias de los grupos del crimen organizado de México.
“Ha sido favorable para los grupos criminales”, dice Maureen Meyer, experta en México y vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de pensamiento. “Con tantos migrantes devueltos y obligados a esperar en México, hay un alto número de personas vulnerables, que fácilmente pueden caer presas de la extorsión, el secuestro y la agresión sexual”.
Si bien es difícil establecer una relación directa entre el aumento de muertes y desapariciones en la frontera y el Título 42, Meyer afirma que las políticas restrictivas del gobierno estadounidense les han cerrado a los migrantes las opciones de ingresar legalmente al país, por lo que muchos han caído en manos de traficantes y se han visto obligados a atravesar territorios hostiles.
La represión que por años ha existido en la frontera los ha llevado a cruzar por zonas como el desierto de Sonora.
“Los migrantes están muriendo en el desierto porque dichas políticas los han conducido hacia estos lugares”, afirma Jason De León, director ejecutivo del Proyecto para Migrantes Indocumentados del Centro Colibrí de Derechos Humanos.
La política de expulsión también implica que los pocos recursos disponibles para los migrantes en México se están quedando cortos. Meyer dice que los migrantes recurren sobre todo a los albergues administrados por organizaciones no gubernamentales y religiosas, en busca de seguridad, vestido, orientación, alimentación y asistencia legal en algunos casos. Pero muchos de estos refugios cuentan con pocos recursos y a duras penas reciben apoyo del gobierno mexicano.
En la ciudad fronteriza de Reynosa, por ejemplo, la alcaldesa Maki Ortiz anunció el 22 de julio que cientos de migrantes vulnerables que se alojaban en el albergue Senda de Vida —uno de los pocos lugares seguros disponibles para ellos— serían desalojados debido a que el albergue había sido construido en un área de “alto riesgo” a orillas del Río Grande, que separa a México del estado de Texas.
Sin embargo, muchos salieron a apoyar el refugio, que había estado operando durante más de una década. Algunos abogados de la ciudad impugnaron el fallo, y días después un tribunal federal mexicano logró detener su cierre temporalmente.
Aun así, la alcaldesa reprochó a Estados Unidos por no resolver la situación migratoria de Reynosa, pues ciudades como esta no tienen los recursos para apoyar a quienes son devueltos a México.
Pocos días antes de que se enviara el aviso de desalojo al albergue, una unidad antisecuestro que operaba en la fiscalía del estado de Tamaulipas rescató a 55 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que se encontraban hacinados en una casa refugio en Reynosa.
Las políticas que tienen como objetivo prevenir la migración mediante la disuasión, como el Título 42, no han hecho más que aumentar los riesgos que enfrentan los migrantes, como el secuestro a manos de grupos criminales o el abandono por parte de traficantes embaucadores que los dejan morir en un calor extremo, a la vez que llevan a un aumento de la reincidencia.
“Ningún presidente [de Estados Unidos] en los últimos tres ciclos ha utilizado en público el término ‘prevención mediante disuasión’, a pesar de que este es el paradigma de seguridad actual, y está causando la muerte de mucha gente”, puntualiza De León.
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