Los menores no acompañados y otros migrantes vulnerables corren el riesgo de ser víctimas del crimen en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, donde miles de centroamericanos que han arribado en caravanas podrían quedarse durante meses ya que las autoridades estadounidenses buscan endurecer las normas de asilo.
Unos 4,600 migrantes de las caravanas, cuyo avance ha enfurecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acampan con mantas y poca comida en un estadio sobrepoblado en Tijuana, cuyo alcalde ha declarado “crisis humanitaria”.
Trump envió tropas al límite entre Estados Unidos y México, autorizó el uso de la fuerza letal y amenazó con cerrar la frontera por completo si las caravanas de migrantes no se detienen.
Entre los centroamericanos, muchos de los cuales son hondureños que huyen de la violencia y la pobreza, hay alrededor de 80 menores de entre 10 y 17 años, según grupos de derechos de migrantes.
Josué, un hondureño de 15 años, dijo que durante un intento por cruzar a Estados Unidos el año pasado fue secuestrado y golpeado brutalmente en México por narcotraficantes que decían pertenecer a la violenta organización criminal de Los Zetas.
“Terminé en el hospital, no sé cómo porque llegué casi muerto”, dijo, negándose a proporcionar su apellido. Una vez que estuvo lo suficientemente bien, las autoridades lo deportaron, agregó.
Reuters no pudo corroborar los detalles de su historia. El Instituto Nacional de Migración de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso.
Tijuana fue calificada por el grupo de expertos mexicano Seguridad, Justicia y Paz como la quinta ciudad más violenta del mundo en 2017.
Juan Manuel Gastelum, alcalde de Tijuana, dijo la noche del jueves que la ciudad enfrentaba una crisis humanitaria y que apoyar a los migrantes costaba más de 500,000 pesos (unos 25,000 dólares) diarios.
LISTA DE ESPERA
Los activistas temen que los centroamericanos puedan quedarse varados durante mucho tiempo en la ciudad, donde han estallado algunas protestas de residentes contra la presencia de la caravana.
Para gestionar los flujos de solicitantes de asilo, las autoridades mexicanas y estadounidenses han mantenido en los últimos años una lista de espera. Abogados y el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional han dicho que esas medidas retrasan el proceso.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo en un comunicado enviado a Reuters que el puerto de entrada de San Ysidro, que conecta Tijuana con San Diego en California, podría procesar hasta 100 personas por día y que estaba trabajando con México para administrar el flujo.
El Instituto Nacional de Migración de México dijo que protege los derechos de todos los extranjeros y que era respetuoso con la política migratoria implementada por otros países.
Durante días, los migrantes de la caravana han estado inscribiéndose en la lista de espera. Se incluyen adolescentes homosexuales y transexuales.
Erika Pinheiro, directora de litigios en Al Otro Lado, un grupo de defensa legal de inmigración, dijo la semana pasada a un tribunal de California bajo juramento que “los niños LGBT no pueden quedarse en México de forma segura, están en riesgo de violencia y persecución”.
Tijuana tiene un solo refugio para niños migrantes, que subsiste con la ayuda de organizaciones civiles.
“Definitivamente estos jóvenes son los más vulnerables en este tipo de movimientos”, dijo Mynor Contreras, quien dirige la casa YMCA local. “Nunca habíamos recibido tantos en tan poco tiempo”, agregó.
Si los niños no pueden ingresar a Estados Unidos, corren el riesgo de ser deportados de México.
“No quiero morir”, dijo Justin, de 16 años y quien el mes pasado fue amenazado de muerte por no pagar 600 lempiras (24 dólares) de “cuota” que le cobraban los delincuentes por su pequeño negocio de ropa usada en la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
“Ese día le dije a mi madre que me diera su bendición y me fui”, agregó llorando.
