Las autoridades mexicanas deben actuar para poner fin a los persistentes abusos contra personas migrantes que son explotadas/acechadas por bandas de delincuentes mientras funcionarios públicos ignoran los hechos o incluso participan en secuestros, violaciones y asesinatos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“Las personas migrantes en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia, por miedo a represalias y a ser deportadas del país si denuncian los abusos”, ha afirmado Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
“La persistente inacción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra migrantes irregulares ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo.”
Los secuestros de migrantes, principalmente para pedir rescate, alcanzaron nuevas cotas en 2009, año en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que casi 10.000 fueron secuestrados en un periodo de seis meses, y casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijeron que funcionarios públicos estaban involucrados en su secuestro.
Se calcula que 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual, lo que presuntamente hace que algunos traficantes de personas exijan a las mujeres administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje, para evitar que se queden embarazadas como consecuencia de violación.
El 23 de enero de 2010, policías armados hicieron detenerse a un tren de carga en el que viajaban más de 100 migrantes en el estado de Chiapas, en el sur de México.
Verónica (nombre ficticio) afirmó que la Policía Federal la obligó a bajar del tren junto a los demás migrantes y tumbarse boca abajo en el suelo, y luego les robaron sus pertenencias y los amenazaron con matarlos si no continuaban su viaje a pie a lo largo de las vías.
Después de caminar durante horas, el grupo fue atacado por hombres armados que violaron a Verónica y mataron al menos a uno de los migrantes.
Días más tarde se detuvo a dos sospechosos después de que un activista local ayudase a los migrantes a presentar una denuncia, pero no se emprendió acción alguna contra la Policía Federal, a pesar de que los migrantes identificaron a dos agentes presuntamente implicados.
“México tiene la responsabilidad de prevenir, castigar y remediar los abusos, tanto si los cometen bandas delictivas como si son obra de funcionarios públicos”, ha afirmado Rupert Knox.
El informe pide acciones inmediatas para garantizar el acceso de las personas migrantes a los mecanismos de presentación de denuncias, cualquiera que sea su situación, y garantizar investigaciones efectivas.
La inmensa mayoría de los migrantes que viajan a través de México son centroamericanos que se dirigen a la frontera de los Estados Unidos en busca de trabajo.
Rubén Figueroa, defensor de los derechos humanos mexicano que proporciona refugio y alimentos a migrantes, dijo a Amnistía Internacional: “Desde que salen de sus casas debido a la pobreza extrema donde viven ellos, el viaje hacia el norte es una pesadilla, es un infierno para ellos, pero lo hacen por el bienestar de sus familias”.
El gobierno mexicano ha afirmado a menudo su compromiso de proteger los derechos de las personas migrantes, cualquiera que sea su situación jurídica, y es un destacado promotor de los derechos de los migrantes en la escena internacional.
A pesar de algunas medidas positivas en los últimos años, por ejemplo la mejora de la protección de los derechos de los niños y niñas no acompañados y la penalización del tráfico de personas, en realidad, en muchos casos, no se ha impedido los abusos contra las personas migrantes, ni se ha castigado a los responsables.
