Un grupo de entre 50 a 100 personas originarias de Honduras y El Salvador, que estaban alojadas en la estación migratoria Siglo XXI del INM en Tapachula, Chiapas y que protestaban por su estancia prolongada en dicho lugar, fueron agredidas por elementos de la GN.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones a los derechos humanos de 28 personas migrantes por parte de autoridades del Servicio de Protección Federal (SPF), Guardia Nacional (GN) y el INM.
La CNDH detalló, en la recomendación 215/2022, que el 25 de marzo de 2020 un grupo de entre 50 a 100 personas originarias de Honduras y El Salvador, que estaban alojadas en la estación migratoria Siglo XXI del INM en Tapachula, Chiapas y que protestaban por su estancia prolongada en dicho lugar, fueron agredidas por elementos de la GN.
El documento señala que los elementos que ingresaron a la estación migratoria portaban equipo antimotines, para disuadir a los protestantes, y que separaron a 24 sujetos que fueron identificados por las autoridades. Estas personas, señala la recomendación, fueron agredidos física y verbalmente en los baños del lugar y, posteriormente, fueron trasladados a la Estancia Provisional del INM en San Cristóbal de las Casas y a la Estación Migratoria en Palenque, Chiapas.
La recomendación agrega que, tras revisar las lesiones de las víctimas, se concluyó que las agresiones pudieron ser cometidas por agentes con bastones, martillos, barras de hierro, piedras o superficies duras como el piso o la pared; además, se acreditó que personal de la GN y del SPF usaron fuerza excesiva y desproporcionada durante el control de los manifestantes, lo que derivó en violaciones del derecho a la integridad de al menos 28 personas.
También, la CNDH pudo comprobar que el despliegue de los agentes del SFP y GN fue contrario lo que establece la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego; y consideró que las agresiones físicas que sufrieron las víctimas fueron “injustificadas, innecesarias y carentes de toda proporcionalidad”.
La Comisión solicitó, a los titulares de la SSPC y del INM, que deben de reparar los daños ocasionados a las 28 víctimas, inmediatamente. También, se les deberá registrar, conforme a la ley, en el Registro Nacional de Víctimas; se debe de otorgar una compensación justa; y en caso de que lo requieran, deberán de contar con atención médica y medicamentos de manera gratuita en lugares accesibles y con el consentimiento de las víctimas.
Además, pidieron la colaboración institucional a las autoridades recomendadas para que se presente y se dé seguimiento de la denuncia administrativa, ante el Órgano Interno de Control del INM y la Unidad de Asuntos Internos de la GN contra las personas servidoras públicas que sean señaladas como responsables.
