A finales del mes de marzo de este año, una estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez fue intencionalmente incendiada por dos extranjeros, causando la muerte de 40 migrantes
El pasado 27 de marzo 40 migrantes murieron en un incendio dentro del centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), dio a conocer que indemnizará con 3.5 millones de pesos a cada una de las familias de los fallecidos en el catastrófico evento, donde también 26 personas resultaron gravemente heridas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) fue la encargada de establecer el monto de la indemnización. A través de un comunicado, el INM reconoció que esta tragedia, provocada por dos ciudadanos venezolanos, “es un hecho doloroso y lamentable, que representa un momento crucial para avanzar en los procesos que garanticen los derechos y la salvaguarda de los migrantes”.
Entre el 5 y el 16 de abril los cuerpos de las 40 víctimas, en su mayoría venezolanas, fueron repatriados, además, fue el INM quien se encargó de los gastos de hospedaje, traslado y servicios personales para las familias afectadas. Por otro lado, los migrantes lesionados fueron trasladados a la Ciudad de México para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, mientras que sus familiares se mantienen hospedados en la ciudad acompañados por personal de INM para gestionar los servicios que requieran.
Respecto a las acciones a seguir para evitar este tipo de desgracias, se determinó la suspensión temporal de 33 estaciones provisionales del INM, por lo que se dio aviso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que certificara sus condiciones y pueda determinar cuáles pueden seguir operando y cuáles otras necesitan rehabilitación.
Además, para garantizar nuevos atentados en contra de migrantes, dio inicio la aplicación de medidas de Protección Civil, entre ellas, la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras para permitir el libre flujo de los migrantes alojados. Por otro lado, se ordenó formalmente a todas las autoridades del INM acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de resolver, en un periodo que no superará las 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros.
