Este lunes 9 de octubre, fecha en que se cumplen ocho días consecutivos en que los guatemaltecos realizan manifestaciones contra autoridades del Ministerio Público, la ciudad capital amaneció con más de 10 rutas bloqueadas, entre ellas el Anillo Periférico, Mixco, Vista Hermosa, avenida Petapa y Carretera a El Salvador.
Los manifestantes piden la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; y del juez Fredy Orellana; debido a señalamientos por acciones ilegales relacionadas al proceso electoral.
Guatemala vive una situación de crisis migratoria y política que ha provocado el descontento de varios sectores de la población, que exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras. Desde el pasado 2 de octubre, se han registrado paros, protestas y bloqueos en las principales carreteras del país, lo que ha afectado el tránsito de personas y mercancías, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los manifestantes se encuentran organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, profesionales, sociales y comerciales, que han convocado a un “paro nacional” para presionar al gobierno a que atienda sus reclamos. Los bloqueos se han extendido por todo el territorio guatemalteco, incluyendo las fronteras con México, Honduras, El Salvador y Belice.
Esto ha generado una situación crítica para los migrantes que transitan por Guatemala, ya sea para salir o entrar al país. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 100 mil migrantes han pasado por Guatemala en lo que va del año, provenientes principalmente de Venezuela, Cuba, Haití y países africanos. Estos migrantes buscan llegar a Estados Unidos o solicitar refugio en México o en otros países de la región.
Sin embargo los bloqueos, muchos migrantes se han quedado varados en las fronteras o en las carreteras, sin poder avanzar ni retroceder. Algunos han tenido que caminar largas distancias o buscar rutas alternativas para continuar su viaje. Otros han sido víctimas de extorsión, robo o violencia por parte de grupos criminales o autoridades corruptas. También han enfrentado dificultades para acceder a alimentos, agua, salud y alojamiento.
Las autoridades migratorias de Guatemala han informado que están trabajando conjuntamente con sus homólogos de los países vecinos para facilitar el tránsito de los migrantes y garantizar su seguridad y protección. Sin embargo, también han advertido que se aplicarán los protocolos sanitarios vigentes para prevenir el contagio del COVID-19 y que se respetarán las leyes migratorias de cada país.
