Un nuevo frente legal se abre contra los migrantes detenidos recientemente en el sur de Nuevo México: el gobierno de Estados Unidos les ha imputado cargos penales adicionales por ingresar sin autorización a una zona de defensa nacional, tras la reciente militarización de un corredor fronterizo que ahora se considera una extensión de Fort Huachuca, en Arizona.
El lunes, fiscales federales presentaron estos cargos contra varios migrantes capturados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), justo cuando el Ejército estadounidense intensifica su presencia en una franja de 274 kilómetros a lo largo de la frontera sur. Esta área fue transferida del Departamento del Interior al Departamento de Defensa en abril, lo que permite su control directo por las Fuerzas Armadas.
Aunque la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de soldados en funciones de aplicación de la ley dentro del país, el gobierno ha recurrido a una laguna legal: la doctrina de propósito militar, que les permite detener temporalmente a civiles en ciertas condiciones. “Todo ilegal que intente ingresar en esa zona está entrando a una base militar, un área federal protegida”, dijo el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a los soldados en la frontera.
Las imágenes del funcionario junto al muro fronterizo fueron compartidas ampliamente en redes sociales, reforzando el mensaje: “Será interceptado por tropas estadounidenses y la Patrulla Fronteriza”. Esta nueva postura marca un giro radical en la manera en que se maneja la migración en esa zona, fusionando seguridad nacional con control fronterizo.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han encendido las alarmas. Su abogada en Nuevo México, Rebecca Sheff, advirtió que esta zona militar representa “un deterioro peligroso del principio constitucional de que el Ejército no debe vigilar a los civiles”. También alertó sobre el riesgo de que ciudadanos estadounidenses cercanos a la frontera puedan ser procesados bajo las mismas leyes.
Los cargos formales fueron firmados por el nuevo fiscal federal Ryan Ellison, quien asumió el cargo el 18 de abril. Al menos media docena de migrantes ya enfrentan procesos judiciales por haber ingresado a lo que ahora es oficialmente propiedad militar restringida, un delito federal con penas significativas.
El área en cuestión incluye la Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que recorre casi toda la frontera excepto donde intersecta con territorios indígenas o terrenos privados. Desde la transferencia de su control al Departamento de Defensa, el Ejército ha desplegado tropas, ampliado caminos y reforzado infraestructura fronteriza. La frontera, ahora más militarizada que nunca, se convierte en terreno legal explosivo para todo aquel que intente cruzarla sin permiso.
