La tensión entre el gobierno federal de Estados Unidos y el estado de Nueva York acaba de alcanzar un nuevo nivel. En una acción legal sin precedentes, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha presentado una demanda contra las autoridades de Nueva York por sus políticas de protección a migrantes. Este enfrentamiento, que se da en el contexto de un creciente debate sobre la inmigración ilegal, podría marcar un punto de inflexión en la relación entre los estados “santuario” y el gobierno federal.
Bondi no tardó en atacar a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y a otros funcionarios del estado, acusándolos de elegir “priorizar a los extranjeros ilegales” en lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses. “Si incumples la ley federal, te haremos responsable”, advirtió la fiscal general en una conferencia de prensa que dejó claro su descontento con la postura de Hochul y su administración.
Este enfrentamiento tiene su origen en las políticas de ciudad santuario implementadas en Nueva York, que impiden que las autoridades locales cooperen activamente con los esfuerzos federales para combatir la inmigración ilegal. Bondi, como cabeza del Departamento de Justicia, está dispuesta a llevar este conflicto a las cortes para que se respete lo que considera es la ley federal. “No podemos permitir que los gobiernos locales interfieran con la seguridad nacional“, agregó.
El caso de Nueva York no es el único. Una semana antes, Bondi ya había demandado a la ciudad de Chicago y al estado de Illinois, acusándolos de obstruir las acciones federales contra la inmigración ilegal. Sin embargo, este nuevo caso pone la mira directamente sobre los funcionarios de Nueva York, incluyendo a la fiscal general estatal Leticia James y al director del Departamento de Vehículos Motorizados, Mark Schroeder, quien, según Bondi, violó la ley al proporcionar información sobre migrantes ilegales.
Una de las acusaciones más graves que Bondi ha lanzado es que notificar a los migrantes ilegales sobre las acciones federales en su contra es, según ella, “inconstitucional”. Esto se debe a una normativa que obliga a las autoridades de Nueva York a alertar a los migrantes cuando las agencias federales de inmigración requieran sus datos. “Este tipo de colaboración va contra la ley y pone en peligro la seguridad de todos”, subrayó Bondi, criticando a los oficiales de policía que, en su opinión, están desarmados en su lucha contra la delincuencia al no poder verificar el estatus de los individuos detenidos.
El debate sobre las políticas de inmigración se intensifica aún más con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien, al regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, firmó un decreto que clasifica a los migrantes en situación irregular como “una amenaza significativa para la seguridad nacional”. Para Trump, las ciudades santuario como Nueva York están permitiendo que los migrantes ilegales vivan y trabajen entre ciudadanos inocentes, lo que podría incrementar el riesgo de delitos y violencia.
Mientras tanto, la frontera sur de EE.UU. sigue siendo un punto caliente en la política migratoria, con operativos federales que intentan frenar el tráfico de drogas y migrantes ilegales. En los últimos días, la Guardia Nacional ha realizado un operativo en la frontera, buscando túneles clandestinos que los traficantes utilizan para cruzar mercancías y personas de manera ilegal entre México y Estados Unidos. Esta intensa actividad en la frontera refleja el foco que el gobierno de Trump tiene en la seguridad fronteriza, un tema que sigue dominando el debate público.
A nivel local, México también ha comenzado a prepararse para los efectos de estas políticas migratorias, especialmente en los estados de Veracruz y Oaxaca. En Veracruz, empresas locales están ofreciendo empleos a migrantes deportados bajo el programa “Amigo Migrante, México Te Abraza”, mientras que en Oaxaca, las autoridades han detenido a varios migrantes centroamericanos por involucrarse en delitos de alto impacto, como extorsiones y tráfico de drogas.
Este escenario de tensiones migratorias no solo afecta a los migrantes, sino que también crea un ambiente polarizado entre las políticas de protección y las preocupaciones sobre la seguridad nacional. La demanda contra Nueva York es solo un capítulo más en este complejo y complicado drama político que tiene en vilo a millones de personas, tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Con una batalla legal que parece apenas comenzar, este enfrentamiento entre el gobierno federal y los estados santuario podría reconfigurar las políticas migratorias a nivel nacional. ¿Será Nueva York capaz de mantener su estatus de santuario o se verá forzada a ceder ante la presión federal? Solo el tiempo dirá si este choque de intereses logra reescribir las reglas sobre la inmigración en EE.UU.
