En México, tres estados se han convertido en focos rojos para los miles de migrantes irregulares que transitan por su territorio con destino a Estados Unidos. Tabasco, Chiapas y Baja California concentran el 85.9% de los migrantes sin estancia legal, pero lo que estos migrantes no siempre saben es que en esos mismos territorios, las organizaciones criminales se disputan ferozmente el control del paso, creando una situación de violencia extrema que pone en peligro la vida de quienes atraviesan esas rutas. La presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha complicado aún más la situación en estos estados, que, aunque son esenciales para los migrantes, también son territorios de guerra.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, hasta agosto de 2024, México registró 925,085 migrantes irregulares en su territorio, con 442,365 en Tabasco, 315,887 en Chiapas, y 37,229 en Baja California. Esta cifra ha aumentado drásticamente, con un incremento de 297% en Tabasco, 138% en Chiapas y 92% en Baja California en comparación con el año anterior. Sin embargo, los migrantes no solo enfrentan dificultades administrativas, sino que también se encuentran expuestos a violencia extrema en su camino hacia el norte.
Lo peor de todo es que, además de los riesgos inherentes al viaje, los migrantes son blanco fácil para los cárteles de la droga y otros grupos criminales, quienes no dudan en extorsionar, secuestrar e incluso matar a quienes caen en sus manos. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, durante el 2024, 109 migrantes fueron víctimas de desapariciones forzadas o secuestros, un testimonio de la impunidad que prevalece en el país, ya que las investigaciones por estos delitos tienen una tasa de resolución de solo el 1%.
Human Rights Watch (HRW) no se queda atrás al alertar sobre la situación de los migrantes en su informe de 2025, señalando que muchos de ellos sufren abusos graves cometidos incluso por funcionarios mexicanos. La Comar, encargada de la gestión de los solicitantes de asilo, está desbordada ante el aumento de migrantes que llegan a México, lo que contribuye a una crisis humanitaria sin precedentes. Según HRW, miles de migrantes son aprehendidos, desplazados y enviados de manera irregular hacia el sur del país, donde se enfrentan a abusos, violencia sexual y extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.
En Tabasco, por ejemplo, la situación es particularmente grave. Con un total de 442,365 migrantes irregulares hasta agosto de 2024, este estado enfrenta una guerra de carteles en el que CJNG y La Barredora luchan por el control del territorio. Esta disputa ha desatado enfrentamientos armados que han dejado víctimas fatales y una creciente ola de violencia, incluyendo secuestros y extorsiones. En enero de 2024, la captura de un líder de La Barredora provocó una ola de violencia que afectó a varias comunidades, con torturas y ejecuciones como consecuencias directas.
Tabasco también ha registrado un aumento alarmante de homicidios dolosos: en 2024 se contabilizaron 921 víctimas, lo que pone a Villahermosa, la capital del estado, como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad del país. Según el INEGI, el 95.3% de sus habitantes sienten que vivir en Tabasco es inseguro, una estadística que refleja la grave crisis de violencia que se vive en la región.
Por otro lado, en Chiapas, con 315,887 migrantes irregulares, la situación no es menos crítica. En los últimos dos años, la tasa de homicidios en este estado ha duplicado su cifra, alcanzando las 15.4 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2024. El estado ha sido escenario de desplazamientos forzados debido a los enfrentamientos entre cárteles de la droga, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes buscan controlar rutas clave para el tráfico de drogas.
En 2024, decenas de familias de Chiapas fueron desplazadas hacia Guatemala debido a la violencia generada por estos grupos criminales, con el ataque a la comunidad de Nuevo Reforma en Chicomuselo como uno de los casos más graves. Esta ola de violencia desplazó a 400 personas que huyeron por temor a perder la vida, lo que ilustra la gravedad del conflicto en la región. Además, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, dos de las principales ciudades de Chiapas, tienen alta percepción de inseguridad, con el 90.6% y 90.1% de sus habitantes sintiendo que su ciudad es peligrosa.
Finalmente, Baja California no escapa a este escenario. Con 37,229 migrantes irregulares en 2024, la frontera norte del país se ha convertido en un lugar de intenso conflicto entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que buscan controlar el paso hacia Estados Unidos. La ciudad de Tijuana es el epicentro de esta violencia, con 2,090 homicidios reportados en 2024, lo que equivale a 62.3 víctimas por cada 100,000 habitantes, casi el triple de la tasa nacional.
El Gobierno de Estados Unidos no ha sido indiferente a esta situación y en 2024 lanzó una alerta de viaje para sus ciudadanos, recomendando reconsiderar sus visitas a Baja California debido a los altos índices de criminalidad, especialmente los secuestros.
Tabasco, Chiapas y Baja California no solo enfrentan el reto de controlar las rutas migratorias, sino que también son territorios en disputa entre los carteles de la droga, lo que crea un ambiente de inseguridad que pone en peligro tanto a los migrantes como a la población local. Con el 85.9% de los migrantes irregulares concentrados en estas tres entidades, la situación se vuelve cada vez más complicada y urgente. Mientras los migrantes buscan una mejor vida en el norte, se enfrentan a riesgos mortales que parecen no tener fin.
