Según datos recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, cerca de 1.5 millones de migrantes con órdenes de deportación no están bajo custodia y permanecen en diversas comunidades del país. El Enforcement and Removal Operations (ERO), encargado de las expulsiones, registró en noviembre de 2024 un total de 1,445,549 personas de 208 países con órdenes de expulsión activas. A pesar de la gran cifra, México no lidera la lista de países con más migrantes bajo estas condiciones.
Los principales países con mayor número de migrantes con órdenes de deportación son: Honduras con 261,651 personas, Guatemala con 253,413, y México, que ocupa el tercer lugar con 252,044 migrantes. En cuarto lugar está El Salvador con 203,822 personas. En contraste, países como China tienen cifras mucho más bajas, con solo 37,908 casos de migrantes en esta situación. Otros países como Qatar y Corea del Norte reportan órdenes de deportación de solo 10 y 3 personas, respectivamente.
El número de migrantes fuera de custodia ha aumentado significativamente en los últimos años. En los últimos cuatro años, el número de personas con órdenes de deportación y fuera de custodia se ha duplicado, lo que ha generado serias dificultades logísticas y financieras para ICE. Ron Vitiello, exjefe interino de ICE, señaló que la falta de recursos es uno de los principales obstáculos para poder detener y deportar a las personas con órdenes activas. Localizar a los migrantes fuera de custodia también es un reto, ya que muchos de ellos mantienen un perfil bajo y, aunque se les identifica, las deportaciones requieren vuelos de repatriación que dependen de acuerdos bilaterales con los países de origen.
Un factor que complica aún más las deportaciones es la falta de cooperación de ciertos gobiernos. Países como China, Cuba, India, Rusia y Venezuela han sido acusados de no colaborar plenamente en los procesos de repatriación. De hecho, 15 países han sido catalogados como “no cooperativos” con los procesos de deportación, mientras que otros 11 países están en “riesgo de incumplimiento”. Esta falta de colaboración internacional ha generado un cuello de botella en el sistema de deportaciones.
En algunos casos, los migrantes pueden solicitar protección contra la deportación. Esto incluye casos de asilo, retención de expulsión o amparo bajo la Convención contra la Tortura, mecanismos que ICE está obligado a respetar si las solicitudes son aprobadas. Sin embargo, este proceso complica aún más la situación, ya que puede demorar años en resolverse y mientras tanto, los migrantes permanecen en comunidades dentro de los Estados Unidos.
Para mejorar la capacidad de deportación, se han planteado diversas propuestas, como reasignar recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incrementar el espacio de detención y aumentar el presupuesto destinado a este fin. Otra de las propuestas es reinstaurar la Iniciativa de Comunidades Seguras, que permitiría a ICE recibir notificaciones sobre arrestos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, estas estrategias enfrentan una fuerte resistencia en las ciudades santuario, que se niegan a colaborar con las políticas de deportación, complicando aún más la capacidad de ICE para ejecutar estas medidas de forma efectiva.
