Las autoridades de Chiapas han desmantelado una red de videovigilancia clandestina que operaba en diversos puntos estratégicos de la frontera sur de México. Las cámaras de seguridad, instaladas de manera ilegal, estaban siendo utilizadas por un grupo criminal para extorsionar a migrantes que transitaban por la región, específicamente en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se localizaron un total de 30 cámaras en diversas ubicaciones, que fueron inmediatamente desactivadas.
De las 30 cámaras encontradas, 27 estaban instaladas en Frontera Hidalgo, un municipio clave en la ruta migratoria hacia el norte. Las cámaras fueron colocadas en postes similares a los que utiliza el Escudo Urbano C5, el sistema de videovigilancia pública de la ciudad, lo que les permitió pasar desapercibidas. Este sistema es empleado por las autoridades para atender emergencias y coordinar respuestas rápidas, lo que facilitaba la opacidad de la operación criminal.
La operación de desmantelamiento fue coordinada por las autoridades locales, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Esta operación, según las autoridades, fue el resultado de una denuncia ciudadana que alertó sobre las actividades ilícitas que se estaban llevando a cabo en la zona, vinculadas a una célula de la delincuencia organizada que utilizaba las cámaras para secuestros y extorsiones a migrantes que cruzaban la frontera.
El modus operandi de este grupo criminal consistía en monitorear los movimientos de los migrantes a través de las cámaras y luego interceptarlos para exigirles dinero a cambio de no ser entregados a las autoridades o, en algunos casos, secuestrarlos. El uso de cámaras de videovigilancia en áreas estratégicas permitió que los delincuentes tuvieran un control constante sobre los migrantes, lo que aumentaba las probabilidades de victimización.
Las cámaras fueron ubicadas principalmente en puntos de tránsito de los migrantes en la cabecera municipal de Frontera Hidalgo y también en zonas cercanas a otros puntos de importancia, como Metapa de Domínguez y Suchiate. Además, las autoridades encontraron cámaras adicionales en Zaragoza, una pequeña población en el municipio de Suchiate, lo que indicaba la extensión de la red de videovigilancia que operaba a lo largo de la frontera.
Según la Fiscalía de Chiapas, el desmantelamiento de esta red de videovigilancia fue una acción clave para frenar las extorsiones y los secuestros en esta zona fronteriza, conocida por ser una de las principales rutas de migrantes centroamericanos y sudamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. La Fiscalía también destacó que, aunque el operativo fue exitoso, las investigaciones continúan para identificar al grupo criminal responsable de operar esta red de cámaras.
A pesar de la magnitud del operativo, las autoridades no revelaron el nombre del grupo criminal involucrado ni confirmaron si se habían realizado detenciones en relación con el caso. La Fiscalía de Chiapas mencionó que los trabajos de investigación siguen en curso y que se están tomando medidas para asegurar que las cámaras no sean reutilizadas por otros grupos delictivos. La seguridad de los migrantes sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en la región, que continúan trabajando para reducir los riesgos a los que se enfrentan.
El desmantelamiento de esta red es un reflejo de la creciente problemática de extorsión y violencia que enfrentan los migrantes en su paso por México. Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar estos actos delictivos y han instado a la población a colaborar con las fuerzas de seguridad para identificar y desmantelar otras posibles redes criminales que operen en la región.
En cuanto al impacto de este tipo de delitos en la comunidad migrante, se destaca la creciente vulnerabilidad de los migrantes que atraviesan regiones con altos índices de criminalidad. Además de ser objeto de extorsión, los migrantes enfrentan también el riesgo de ser víctimas de violencia física, secuestros y trata de personas en su travesía hacia el norte. Las autoridades mexicanas, junto con organizaciones internacionales, han manifestado su preocupación por la falta de protección efectiva para este sector vulnerable.
El caso de la red de videovigilancia en Chiapas pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad en la frontera sur de México, así como de fortalecer la cooperación entre las autoridades locales y federales en la lucha contra la criminalidad organizada. Además, el desmantelamiento de estas cámaras es solo una parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la seguridad de los migrantes y prevenir los delitos que se cometen a lo largo de su ruta.
