¡Impactante! En el primer trimestre de 2025, Puebla vivió un repunte en la repatriación de migrantes, con 2,239 personas deportadas desde los Estados Unidos. Esta cifra revela un aumento significativo en los deportados, lo que representa una nueva etapa en el desafío que enfrenta el estado ante la creciente ola de retornos. Sin embargo, la gran pregunta que surge es: ¿cómo está respondiendo el gobierno estatal a esta crisis humanitaria?
De ese total de migrantes, solo 301 poblanos buscaron ayuda en los programas de apoyo del gobierno estatal. Samuel Aguilar Pala, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, detalló que estos deportados pidieron asistencia para acceder a servicios de vivienda y empleo, fundamentales para su reintegración en la sociedad. ¿Por qué una cifra tan baja? Las razones son variadas, pero no dejan de generar interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas.
Aguilar Pala también destacó el esfuerzo continuo de la Segob al desplegar Asambleas Comunitarias en las 27 regiones del estado para informar y atender a los migrantes retornados. Estas reuniones son claves para proporcionarles información sobre sus derechos y los recursos disponibles, especialmente en temas tan cruciales como la salud y la educación. ¿Serán estas medidas suficientes para cubrir las necesidades de los miles de migrantes que regresan? El tiempo lo dirá.
Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su política de deportaciones masivas, Puebla reaccionó con programas específicos para mitigar el impacto social. Las autoridades estatales lanzaron proyectos de apoyo a la vivienda, el empleo, y otros sectores como el educativo, buscando crear un puente para que los deportados puedan reconstruir sus vidas de manera digna. Sin embargo, estos esfuerzos parecen estar alcanzando solo a una fracción de los afectados.
¿Por qué tan pocos se acercan al gobierno? La respuesta podría estar en la falta de información o en la desconfianza hacia las instituciones. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación, la realidad es que muchos migrantes prefieren no involucrarse con el sistema, ya sea por desconocimiento o por una percepción de que no recibirán el apoyo que realmente necesitan.
Uno de los puntos más preocupantes es la situación de los niños migrantes. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, las deportaciones de menores poblanos cayeron un 44% en comparación con el mismo periodo de 2024. Durante los primeros dos meses de 2025, 90 niños fueron repatriados, mientras que en 2024 esa cifra alcanzó los 163. Aunque el número de deportaciones ha disminuido, persiste el riesgo de que muchos menores viajen sin la compañía de un adulto, lo que expone a los niños a situaciones de vulnerabilidad.
Entre los menores deportados, 51 niños entre 12 y 17 años regresaron sin acompañante durante este primer trimestre. Este es un dato alarmante, ya que refleja que, a pesar de los esfuerzos por proteger a los más vulnerables, aún existen vacíos legales y operativos que permiten que estos niños sean enviados de vuelta a México sin el acompañamiento necesario para su seguridad. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para garantizar su protección? La respuesta sigue siendo incierta.
Puebla se enfrenta a un desafío monumental. Con miles de migrantes regresando cada mes, la pregunta sigue siendo la misma: ¿está el gobierno estatal realmente preparado para brindarles el apoyo que necesitan? Las asambleas comunitarias, los programas de vivienda y empleo son pasos importantes, pero a medida que la cifra de deportados crece, también lo hace la presión sobre las autoridades para ofrecer soluciones verdaderamente efectivas.
