Una jueza federal en Colorado ha emitido un fallo que representa un freno legal a la política migratoria del presidente Donald Trump: ahora el Gobierno deberá notificar con 21 días de antelación a los migrantes venezolanos antes de proceder con su deportación. La decisión también exige que se les informe, en un idioma que comprendan, sobre su derecho a consultar a un abogado y oponerse a la expulsión.
El fallo, emitido por la jueza de distrito Charlotte Sweeney, mantiene el bloqueo temporal de las deportaciones bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual ha sido invocada por la Administración Trump para justificar deportaciones sin juicio previo. La magistrada consideró que los avisos de 24 horas ofrecidos por el Gobierno no garantizan el derecho de los migrantes a una defensa adecuada, tal como exige un reciente mandato de la Corte Suprema.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios sobre la orden judicial. Esta nueva medida choca directamente con la línea dura del actual presidente, quien desde su reelección en noviembre ha buscado acelerar las expulsiones masivas como parte central de su agenda migratoria.
En sus redes sociales, Trump justificó su estrategia diciendo que “no se puede dar juicio a todos”, argumentando que se necesitarían cientos de miles de procesos judiciales para atender a todos los migrantes que planea deportar. La Administración ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros para remover rápidamente a migrantes venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, calificada como organización terrorista extranjera.
Sin embargo, familiares y abogados de muchos de los cientos de venezolanos ya deportados han denunciado que las acusaciones son infundadas y que jamás se les brindó la oportunidad de defenderse ante las autoridades. Alegan que estas expulsiones se están llevando a cabo sin evidencia clara, generando temor e incertidumbre entre la comunidad migrante.
Esta decisión judicial representa una importante victoria legal para los defensores de los derechos de los migrantes, y podría marcar un precedente en la batalla contra las deportaciones exprés que impulsa la Casa Blanca. El fallo obliga al Gobierno a repensar sus tácticas y recuerda que, incluso en tiempos de tensión, el debido proceso no es opcional.
