Un nuevo revés legal golpea al expresidente Donald Trump y su dura política migratoria. Este lunes, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito, en Boston, rechazó su intento de anular el estatus legal temporal de 400,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El tribunal negó la solicitud de suspender una orden que protege los permisos de trabajo y residencia otorgados por la administración Biden.
El fallo surge como respuesta a una demanda presentada por defensores de los derechos de los migrantes, quienes acusaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de intentar desmantelar, sin justificación individual, varios programas de parole humanitario que beneficiaban a personas en situación de vulnerabilidad. La medida de Trump buscaba terminar de forma automática con los beneficios migratorios, algo que el tribunal consideró inapropiado.
La jueza de distrito Indira Talwani, nombrada por Barack Obama, fue quien bloqueó inicialmente la maniobra de la administración republicana. Talwani señaló que la medida del DHS intentaba revocar permisos de trabajo y residencia sin hacer una evaluación caso por caso, como exige la ley. Según la magistrada, esto constituye una violación del debido proceso.
El programa parole en cuestión fue establecido bajo el mandato de Biden y ofrecía protección temporal por dos años a migrantes provenientes de países afectados por crisis humanitarias o conflictos políticos. La intención era permitirles trabajar legalmente en EE.UU. mientras tramitaban otras formas de protección migratoria. Esta medida fue clave para casi medio millón de personas.
Sin embargo, el 25 de marzo, el DHS publicó en el Registro Federal su intención de terminar abruptamente el programa, lo que activó la demanda colectiva y el litigio que ahora frena esa decisión. La jueza Talwani paralizó la revocación el 25 de abril, una semana antes del fallo de apelación, marcando una clara defensa judicial a los derechos de los migrantes acogidos bajo estas medidas.
Este revés judicial representa un freno al nuevo impulso de deportaciones promovido por Trump desde su regreso al poder. El expresidente ha reiterado en múltiples discursos que endurecerá aún más su política migratoria, enfocándose incluso en migrantes que ya tienen estatus legal temporal o permisos de trabajo válidos.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios tras la decisión del tribunal, expertos legales anticipan que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, dada su relevancia en la actual batalla política sobre inmigración. Por ahora, los 400,000 migrantes protegidos podrán respirar tranquilos… al menos temporalmente.
La pregunta que queda en el aire: ¿hasta cuándo podrá el sistema judicial contener el embate de las políticas migratorias más extremas?
