Cuando el gobierno federal de Estados Unidos entra en cierre parcial por falta de presupuesto, muchas operaciones se detienen o ralentizan. Pero ¿qué sucede con las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)? Un abogado de inmigración consultado por Gestión advierte que esas operaciones podrían verse afectadas, aunque no desaparecerán por completo.
Según la nota original, las redadas podrían “fasearse” o enfocarse en zonas estratégicas, mientras que otras zonas recibirían atención más esporádica. El letrado explica que la restricción presupuestal puede dificultar que se cubran costos como combustible, viáticos o personal de apoyo, lo que obligará a priorizar objetivos en lugar de operaciones masivas.
El cierre también representa un riesgo para los recursos humanos que acompañan las redadas: jueces de inmigración, audiencias y apoyos legales pueden estar paralizados o limitados, lo que deja a muchos detenidos en un limbo jurídico. En esos casos, los tiempos de expulsión o fianza podrían alargarse y las decisiones dependerían más de arbitrariedades administrativas que de procesos regulares.
Aunque algunas fuentes señalan que el gobierno podría liberar hasta el 6 % de los migrantes detenidos por sobrecupo o falta de espacios, otros expertos apuntan que esto reflejaría una crisis interna más profunda: decidir a quién retener y a quién dejar ir. Gestión menciona esta posibilidad como un efecto colateral del cierre en plena ofensiva contra la migración irregular.
Entre la población migrante y sus comunidades circula el temor de que, en ese contexto, las autoridades aprovechen el desorden institucional para aumentar redadas sorpresivas o despliegues repentinos. Las redes consulares y organizaciones defensoras alertan que muchos podrían quedar vulnerables sin acceso a asesoría jurídica ni mecanismos de defensa.
El cierre del gobierno no será el fin de las redadas, pero sí una puerta abierta para consecuencias impredecibles: detenciones aisladas, demoras judiciales y un entorno de mayor legalidad arbitraria. En la zona de tránsito migratorio hacia EE. UU., esto podría traducirse en más muros invisibles, más miedo y menos certezas. La pregunta que queda: ¿quién controlará estas operaciones cuando el Estado funciona a medias?
