El gobierno de México y el de Estados Unidos se preparan para anunciar un paquete integral de acuerdos que abarcará temas de migración, seguridad antidrogas y comercio. De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, las negociaciones entre ambos países han avanzado considerablemente en los últimos tres meses y podrían dar “buenas noticias” durante la primera semana de noviembre. El anuncio se realizará en el marco de un encuentro bilateral de alto nivel, en el que también participarán funcionarios del área de seguridad y economía.
Aunque el paquete de acuerdos incluye diferentes temas, la cuestión migratoria vuelve a ocupar un papel central. México y Estados Unidos han mantenido conversaciones constantes sobre el flujo creciente de personas que buscan llegar a territorio estadounidense, especialmente desde Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Las medidas que se están discutiendo podrían implicar un reforzamiento de los controles fronterizos y una ampliación de la cooperación en materia de seguridad. El gobierno mexicano ha insistido en que se buscan soluciones que combinen el control migratorio con el respeto a los derechos humanos, aunque todavía no se han dado a conocer los detalles específicos.
El nuevo entendimiento se anunciaría en noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En ese contexto, los representantes de ambos países discutirán también avances en el combate al tráfico de fentanilo y en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, el hecho de que migración y narcotráfico se aborden dentro del mismo paquete de acuerdos despierta inquietudes entre analistas y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de que los flujos migratorios sean tratados únicamente como un asunto de seguridad nacional y no como un fenómeno humanitario.
Para las comunidades migrantes, estos acuerdos pueden significar tanto una oportunidad como un nuevo desafío. Por un lado, la cooperación bilateral podría facilitar la creación de programas de movilidad laboral o vías de regularización para ciertos grupos. Pero, por otro lado, un endurecimiento en los controles fronterizos o un aumento de las deportaciones podría agravar la situación de quienes hoy se encuentran varados en territorio mexicano o en zonas de tránsito peligrosas. Los albergues en el norte del país ya reportan saturación y escasez de recursos ante el incremento de llegadas.
La dimensión humana del fenómeno migratorio es la que más preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Cada nuevo acuerdo que prioriza la seguridad puede dejar fuera a miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza o el cambio climático. Si las decisiones que se anuncien en noviembre se centran únicamente en el control, sin ofrecer alternativas de protección o desarrollo, la región podría enfrentar un repunte de crisis humanitarias en su frontera sur y norte. El reto será equilibrar los intereses de seguridad con la responsabilidad de garantizar un trato digno a quienes migran.
Noviembre marcará un momento decisivo para la política migratoria de la región. Lo que México y Estados Unidos acuerden en las próximas semanas definirá no solo las reglas de tránsito y retorno, sino también el destino de cientos de miles de personas que siguen caminando hacia el norte en busca de oportunidades. Entre las promesas de cooperación y los riesgos de un mayor endurecimiento, el desafío será lograr que el nuevo pacto no se limite a contener flujos, sino que abra caminos reales de esperanza y protección para los migrantes del continente.
