Con la aprobación de un fallo clave por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que permite desestimar de forma acelerada solicitudes consideradas infundadas, las probabilidades de que los solicitantes de asilo triunfen en Estados Unidos han sufrido un desplome significativo. Según especialistas en migración, la mayoría de los casos dependen de que los solicitantes “puedan contar con su propia voz” ante un juez para demostrar que su vida correría riesgo si fueran deportados.
El contexto deja claro que los tribunales de migración se enfrentan actualmente a un retraso histórico de más de 3.8 millones de casos, de los cuales casi 2.4 millones son solicitudes de asilo. Para agilizar el proceso, algunos tribunales han incrementado de dos o tres a ocho o nueve el número de audiencias que atienden por día en ciudades como Los Ángeles.
Por otra parte, los solicitantes ahora deben pagar una tarifa anual de 100 dólares al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) si su caso de asilo permanece pendiente entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Esta medida añade una carga financiera adicional a quienes ya están en situación de vulnerabilidad, y la agencia aclara que no se harán reembolsos.
En paralelo, el Departamento de Justicia ha restablecido directrices que limitan el acceso al asilo de víctimas de violencia doméstica o de pandillas, modificando el criterio aplicado durante la administración anterior. Esta combinación de precedentes legales, tarifas y cambios de políticas redefine radicalmente el panorama para la migración hacia Estados Unidos.
Los impactos humanos de estas medidas empiezan a sentirse: migrantes como Ismael H., llegado hace tres años con su esposa y dos hijos menores, admiten sentir temor ante la posibilidad de presentarse ante un juez y enfrentarse a una negación que pueda derivar en detención o deportación. La ambición de buscar un nuevo hogar en EE.UU., en muchos casos motivada por la necesidad de huir de la violencia o la inseguridad, choca ahora con barreras legales más estrictas.
Lo que viene por delante lo dice todo: un sistema de asilo bajo presión, precedentes que favorecen la desestimación rápida de casos y familias que deberán decidir si continúan con sus solicitudes sabiendo que las probabilidades de éxito se redujeron. Este nuevo escenario no solo plantea un reto jurídico, sino también un profundo desafío humanitario para quienes buscan sobrevivir y reconstruir sus vidas lejos de su país de origen.
