La administración federal de los Estados Unidos acaba de endurecer drásticamente su política migratoria: el proceso de expulsión de personas en situación irregular se ha activado con nuevos criterios y herramientas que amplían las facultades de las autoridades. A partir de febrero de 2025, ya se iniciaron procedimientos de remoción contra más de 26 700 extranjeros sin base legal de permanencia. Este cambio marca un giro decisivo para quienes migran hacia EE. UU. y para las comunidades de origen en toda la región.
La medida tiene varias caras: por un lado, la agencia federal responsable de la inmigración recibió autorización para ampliar sus funciones investigativas, de arresto y procesamiento de presuntos infractores de la ley migratoria. Esto implica que los controles ya no se limitan solo al cruce fronterizo, sino también a revisiones dentro del país, lo que eleva la vulnerabilidad de quienes no tienen estatus regular o aún esperan respuesta en sus trámites.
Entre los grupos más afectados figuran aquellos que han ingresado al país sin el estatus adecuado o que tienen órdenes de expulsión pendientes. Las autoridades avanzan en una “deportación acelerada”, un proceso más ágil para removerlos del territorio, dejando atrás la era de tolerancia que predominó en años anteriores. En la práctica, esto significa que muchos migrantes podrían enfrentar detención inmediata, separación de familias y pérdida de empleo, con consecuencias humanas profundas.
Para las comunidades migrantes, los efectos no se limitan a la expulsión: también se intensifica un ambiente de inseguridad y presión social. Si bien el gobierno estadounidense sostiene que las medidas buscan fortalecer el cumplimiento de la ley, el contexto revela que la migración se enfrenta a obstáculos mayores. Muchos migrantes podrían sentirse obligados a tomar decisiones desesperadas —ya sea retorno voluntario, desplazamiento interno o permanencia en la sombra—, exponiéndose aún más a la vulnerabilidad y al abuso.
Desde el punto de vista regional, los países de origen también pueden verse golpeados. Las familias que dependen de remesas podrían experimentar interrupciones en sus ingresos, y las comunidades receptoras de deportados deberán asumir el impacto económico y social del retorno forzoso. Además, las nuevas reglas podrían modificar las rutas migratorias, impulsando el uso de caminos más peligrosos o el recurso a redes de tráfico humano, con consecuencias imprevisibles.
La gravedad del cambio no se limita a una cifra o una disposición legal: marca un punto de inflexión en la manera en que Estados Unidos gestiona la migración. Con más de 26 000 expedientes de remoción abiertos desde principios de año, la señal es clara: la frontera ya no es el único foco, sino también el interior del país. El mensaje para los migrantes es que los riesgos han aumentado, y para los gobiernos de la región, la tarea urgente será anticipar las consecuencias humanas, sociales y económicas de esta nueva era de deportaciones.
