La administración del presidente Donald Trump anunció recientemente que fijará en 7 500 el número máximo de refugiados que podrán ingresar a Estados Unidos durante el año fiscal 2026. Esta cifra representa una caída drástica frente al límite de 125 000 que se había previsto en ejercicios anteriores.
El comunicado oficial detalla que esta reducción responde a razones de “interés nacional” o “humanitarias”, pero no ofrece explicaciones amplias sobre los criterios de selección. La mayoría de esos 7 500 cupos se destinarán a la minoría afrikáner de Sudáfrica —blancos sudafricanos— que el gobierno estadounidense ha señalado como “víctimas de discriminación” en su país de origen.
Para quienes huyen de guerras, persecución o crisis humanitarias la decisión representa un nuevo obstáculo. Las organizaciones de derechos humanos han advertido que reducir tan drásticamente el espacio de acogida en un momento de desplazamientos globales crecientes envía una señal negativa. En América Latina, donde miles de personas intentan alcanzar Estados Unidos en busca de protección, esta medida podría traducirse en menos oportunidades de reasentamiento y mayor presión para encontrar rutas alternativas, muchas veces más peligrosas.
Además, la política de priorizar un solo grupo étnico concreto —y de excluir de facto a otros solicitantes que ya habían sido aprobados o se encontraban en tránsito— plantea interrogantes sobre la equidad y transparencia del sistema de admisión de refugiados. Para migrantes que atraviesan Centroamérica y México hacia la frontera norte, la medida puede implicar demoras adicionales, riesgo elevado o quedar varados en tránsito sin opciones claras.
En el ámbito social y humanitario, el cambio limita la capacidad de respuesta estadounidense ante emergencias globales de desplazamiento y reduce el espacio habitual de integración para nuevos llegados. Las agencias encargadas del reasentamiento advierten que esta política debilita la infraestructura humanitaria ya mermada, al tiempo que presiona a otros países de la región para que absorban un flujo mayor de personas en transición.
La puerta se cierra aún más: con solo 7 500 cupos anuales y un enfoque limitado, la política de refugio de Estados Unidos marca un punto de inflexión. Lo que viene después podría ser un aumento de la presión migratoria en la región, rutas más peligrosas para quienes buscan protección y una urgencia renovada para que los países de origen y tránsito fortalezcan sus mecanismos de apoyo ante una salida cada vez más estrecha hacia el norte.
