Desde comienzos del año, el gobierno de los Estados Unidos ha revocado alrededor de 80 000 visas de no inmigrante, una cifra que alerta tanto a migrantes como a quienes ya residen legalmente en ese país. Esta acción, lejos de ser una cifra simbólica, representa un mensaje claro sobre la supervisión y el control migratorio vigente.
Las causas principales para estas revocaciones se centran en cuatro grandes categorías: conducir bajo los efectos del alcohol —que reporta unos 16 000 casos—; agresiones físicas con cerca de 12 000 registros; robos o hurtos con 8 000 instancias; y el exceso en el tiempo de estancia de estudiantes o el uso irregular de su estatus. Estas estadísticas ponen en evidencia que incluso quienes tienen permisos legales pueden enfrentarse a la pérdida de su visa ante conductas que parecen separadas del clásico “crimen grave”.
Para la comunidad migrante latinoamericana, y en particular para la mexicana, estos datos generan una doble carga. Por un lado, existe el riesgo de detención o deportación incluso con una visa vigente o bajo un estatus temporal autorizado. Por otro lado, el desconocimiento de las leyes locales, la barrera del idioma y la falta de asesoría legal se suman a la vulnerabilidad de quienes llegan con el sueño de trabajar, estudiar o residir en EE.UU.
La política estadounidense autoriza que una visa sea revocada sin necesidad de condena penal previa, y sin obligación de que se detalle públicamente el motivo exacto. Esto significa que el titular puede enterarse de la cancelación apenas al intentar volver a ingresar o cuando sea notificado, sin un debido proceso de explicación o apelación. La medida ha sido justificada como una actuación consistente con los “intereses públicos” del país.
El impacto humano va más allá del permiso migratorio: quienes pierden su visa enfrentan la interrupción de estudios, empleo, la imposibilidad de volver al país por el que ya invirtieron recursos, y la amenaza de comprometer redes familiares y comunitarias tanto en EE.UU. como en su país de origen. Esta situación genera un ambiente de temor y desconfianza que puede afectar la movilidad legal, la integración comunitaria y la proyección migratoria de familias enteras.
Por otra parte, las autoridades mexicanas y de otros países de origen se encuentran en una posición compleja: deben informar a sus connacionales sobre estos riesgos, fortalecer mecanismos de asesoría legal y migratoria, y atender los efectos sociales de estas revocaciones. Pero mientras tanto, muchos migrantes quedan expuestos a un estatus frágil que depende no sólo de su permiso, sino de su conducta, de su cumplimiento y de decisiones administrativas que pueden parecer lejanas o impredecibles.
En conclusión: las casi 80 000 revocaciones de visas de no inmigrante en EE.UU. revelan que la migración legal no está exenta de obstáculos, que las consecuencias pueden ser graves y que el siguiente paso es fortalecer la protección, la información y la prevención de riesgos. Para quienes estudian, trabajan o viven en EE.UU., y para quienes aspiran a hacerlo, queda claro que no basta con cruzar la frontera o conseguir una visa — también es necesario cumplir, estar informado y anticipar lo inesperado.
