La migración latinoamericana hacia Estados Unidos se ha convertido en uno de los desafíos sociales y políticos más urgentes de la región. Mientras miles de personas salen de Venezuela, Haití, Cuba, Centroamérica y el sur de México en busca de oportunidades, el sistema migratorio estadounidense permanece estancado en un juego político sin soluciones claras. La reciente parálisis del Congreso de EE. UU. —que incluso provocó un cierre parcial del Gobierno el 1 de octubre— muestra que el tema migratorio no solo está lejos de resolverse, sino que se ha convertido en un campo de batalla partidista.
En el centro del conflicto, los demócratas enfrentan un dilema complejo: defender una política migratoria más humana sin perder terreno ante los republicanos, que insisten en un enfoque más duro y restrictivo. Según un reportaje de El País, los republicanos acusan al Gobierno de Joe Biden de querer destinar 20.000 millones de dólares a atención médica para migrantes, una narrativa que ha prendido entre votantes, aunque el Ejecutivo lo niega rotundamente. (elpais.com)
Esa percepción ha calado incluso entre votantes latinos. A pesar de que el 51 % de los estadounidenses considera que las políticas migratorias de Trump han sido demasiado estrictas, solo un tercio cree que los demócratas manejan mejor el tema migratorio. El resto —incluyendo votantes latinos de segunda generación— siente que no hay avances reales ni propuestas concretas que favorezcan una migración segura y ordenada.
Los principales afectados por este limbo político son los migrantes. Para miles de personas que atraviesan la selva del Darién, el sur de México o las rutas clandestinas del norte, la falta de vías legales para ingresar a EE. UU. multiplica su exposición a redes de tráfico, estafas, violencia o detenciones. Aunque la administración Biden ha logrado reducir los cruces fronterizos en algunos meses —incluso a los niveles más bajos desde los años 60, según expertos—, la narrativa pública sigue centrada en el desorden, el caos y la falta de control.
Detrás de esa narrativa hay una trampa estructural: sin 60 votos en el Senado, ningún partido puede aprobar una reforma migratoria integral. Y los republicanos han dejado claro que cualquier propuesta debe incluir medidas estrictas de control fronterizo, como la ampliación del muro, endurecimiento de asilos y más deportaciones. Eso obliga a los demócratas a ceder o congelar sus propias propuestas, muchas de las cuales beneficiarían directamente a migrantes latinoamericanos, como la regularización de quienes ya viven en EE. UU. sin papeles o el restablecimiento de programas de reunificación familiar.
El riesgo para América Latina es evidente: si EE. UU. no ofrece una política migratoria coherente y justa, miles seguirán emprendiendo rutas peligrosas sin garantía de llegar. Además, si Donald Trump gana terreno y declara la frontera “bajo control”, podría endurecer aún más su agenda, dejando a los países de origen y tránsito la carga humanitaria de una migración que nadie quiere asumir. La región necesita que Washington actúe con visión y responsabilidad, antes de que la crisis humanitaria se profundice aún más.
