Mientras el país enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales, el gobierno de Donald Trump ha destinado más de 21 millones de dólares del presupuesto militar a realizar vuelos de deportación de migrantes, revelaron cifras oficiales. Desde que comenzó su segundo mandato el pasado 20 de enero, el ejército de Estados Unidos ha realizado 46 vuelos exclusivamente para expulsar personas en situación migratoria irregular.
El mandatario republicano ha insistido en que Estados Unidos enfrenta una “invasión” migrante, y ha intensificado su retórica al llamar “criminales” a quienes cruzan sin visa. Como parte de su ofensiva, ha desplegado miles de tropas adicionales en la frontera con México y les ha otorgado facultades para detener migrantes en zonas específicas, militarizando aún más la región fronteriza.
Los vuelos han sido coordinados por el Comando de Transporte de Estados Unidos (TRANSCOM), que reportó un total de 802.5 horas de vuelo entre el 20 de enero y el 8 de abril, a un costo promedio de 26,277 dólares por hora. La senadora Elizabeth Warren, miembro del comité de servicios armados del Senado, reveló los datos tras una solicitud formal al Pentágono.
Warren no dudó en calificar esta estrategia como un “desperdicio de recursos militares” y un “abuso de poder”. En un comunicado, expresó que “cada estadounidense debería estar indignado” por el uso del ejército para financiar lo que llamó “artimañas políticas” del presidente. La cifra no incluye otros costos indirectos como personal, logística o mantenimiento.
La controversia escaló aún más cuando Trump invocó en marzo la ley de enemigos extranjeros de 1798, utilizada históricamente solo en tiempos de guerra. Con esta norma, ordenó la detención y envío a una prisión en El Salvador de presuntos pandilleros venezolanos del grupo Tren de Aragua, sin que mediara un juicio en Estados Unidos.
Sin embargo, su política de expulsiones aceleradas ha enfrentado un muro legal: tribunales federales y jueces han bloqueado varias órdenes, insistiendo en que incluso los migrantes deben tener acceso al debido proceso legal. Estas decisiones han ralentizado las deportaciones masivas que Trump pretendía ejecutar con rapidez.
En respuesta, la Casa Blanca analiza opciones legales más extremas. Según el subdirector de gabinete, Stephen Miller, la administración está “considerando suspender el habeas corpus”, el derecho constitucional que protege a cualquier persona contra detenciones arbitrarias. De concretarse, sería uno de los mayores retrocesos legales en la historia reciente del país.
