El también empresario comercializaba visas E-2, la cual está reservada para empresarios extranjeros.
El empresario y excandidato a la gubernatura de Querétaro por el partido Fuerza por México, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, fue detenido en Estados Unidos acusado de fraude de 30 millones de dólares y por incitar la migración ilegal.
Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado, en el que detalla que el empresario fue aprehendido este lunes en Houston.
Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, de 51 años, es el propietario de Mobile Coatings Management (MCM) y copropietario y presidente de Uberwurx, la cual opera en Estados Unidos como RhinoPro, una compañía de ropa de cama y accesorios para camiones en aerosol.
Asimismo fue detenida la empresaria Karina Hernández, de 41 años, propietaria parcial de Texas Franchise and Business Consulting (TFBC).
Mediante Uberwurx, Juan Carlos Martínez comercializaba visas E-2 para ingresar a Estados Unidos. Esa visa está reservada para empresarios extranjeros que les permite trabajar dentro del país vecino del norte, con base a una inversión sustancial en una empresa de buena fe.
Martínez trabajó con Karina Hernández para comercializar y vender la franquicia Uberwurx a inversionistas nacionales mexicanos, pero no logró hacer muchos pagos garantizados a los inversionistas. La compañía de Martínez, MCM, administró las franquicias de Uberwurx en lugar de que los inversores lo hicieran, en violación de los requisitos de visa E2, señaló el Departamento de Justicia de EU.
Martínez instruyó a los inversionistas a omitir de sus solicitudes de visa E-2 el hecho de que MCM administró las franquicias.
Los dos detenidos perpetraron este esquema delictivo en al menos 120 inversionistas diferentes entre enero de 2017 y diciembre de 2021, con una pérdida de más de 30 millones de dólares.
Ambos están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, cuatro cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de alentar e inducir la inmigración ilegal para beneficio privado. Si son declarados culpables, Rodríguez y Hernández enfrentan hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por cada uno de los cargos de inmigración ilegal.
Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios. El FBI está investigando el caso.
