En un contexto de crecientes tensiones sobre la política migratoria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que su gobierno no aceptará que migrantes de otras nacionalidades sean deportados a territorio mexicano, en respuesta a los informes sobre los planes de Donald Trump para implementar un programa masivo de deportaciones. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que, a pesar de la solidaridad que México ha mostrado con países de la región, su prioridad será siempre recibir a los migrantes mexicanos.
De acuerdo con la mandataria, existe un acuerdo vigente con la administración de Joe Biden para la repatriación de migrantes a sus países de origen, a través de vuelos aéreos, una medida que ha permitido reducir la carga en la frontera. “Somos solidarios, pero nuestra principal función es recibir a los mexicanos”, subrayó Sheinbaum, quien también expresó su esperanza de alcanzar un acuerdo similar con la administración de Trump para evitar que migrantes de otras naciones sean enviados a México.
Aunque Donald Trump aún no asume oficialmente la presidencia de Estados Unidos hasta el 20 de enero de 2025, su equipo de transición ya está trabajando en el diseño de un plan de deportaciones que podría transformar las políticas migratorias de EE.UU. La priorización en este plan estará enfocada en migrantes con antecedentes penales o que representen una amenaza para la seguridad pública, como parte de un esfuerzo para repatriar a más de 1.4 millones de migrantes que tienen órdenes de deportación pendientes.
El proyecto de Trump incluye también una lista de países a los que se podrían enviar a los migrantes deportados si sus naciones de origen se niegan a recibirlos. Entre los destinos mencionados se encuentran las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada. México, según fuentes cercanas a la estrategia, también podría ser incluido en esta lista, lo que ha generado preocupación entre las autoridades mexicanas.
A pesar de la presión de la administración entrante de Trump, dos de los primeros países en rechazar la medida fueron las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. El gobierno de las Bahamas indicó, a través de un comunicado, que simplemente no tienen los recursos para atender una solicitud de este tipo. “Las prioridades del primer ministro siguen centradas en abordar las preocupaciones del pueblo bahamés”, afirmaron en la declaración oficial.
En cuanto a México, aunque ya se ha comprometido a recibir a los migrantes deportados que sean mexicanos, la administración de Trump está buscando que el país acepte vuelos de deportación de migrantes no mexicanos. Las fuentes indican que Trump podría utilizar la amenaza de aranceles comerciales como una presión para que el gobierno mexicano acepte esta medida, lo que complicaría aún más la situación migratoria en el país.
Recordemos que en el pasado, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, México aceptó el programa “Quédate en México”, un acuerdo con Trump que permitió que más de 70,000 migrantes fueran enviados de vuelta a México mientras esperaban sus solicitudes de asilo en EE.UU. Sin embargo, este programa fue suspendido tras la llegada de Biden a la presidencia, y el gobierno mexicano ha dejado en claro que no está dispuesto a reanudarlo.
Además de los problemas políticos y diplomáticos que enfrentaría México, los nuevos planes de Trump implican un costo económico significativo. Según un análisis del Consejo Americano de Migración (AIC), el costo de implementar un programa de deportaciones masivas podría superar los 315 mil millones de dólares, afectando diversos sectores de la economía estadounidense. Este gasto se sumaría al alto costo social y logístico que implicaría la detención y repatriación de más de 13 millones de migrantes.
Este análisis también compara la escala de las deportaciones con el sistema penitenciario de EE.UU., que en 2022 albergó a aproximadamente 1.9 millones de personas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales. Con este contexto, el AIC subraya que los costos y las consecuencias de un programa de deportación masiva serían mucho mayores que los enfrentados por el sistema de justicia penal estadounidense.
Mientras tanto, el gobierno mexicano se mantiene firme en su postura de no aceptar más migrantes deportados de otras nacionalidades y continúa buscando soluciones que protejan los derechos humanos de los migrantes en su territorio. El futuro de la cooperación migratoria entre México y Estados Unidos dependerá de los acuerdos que se puedan alcanzar con la administración de Trump, en un contexto de tensiones y presiones diplomáticas.
