En la base militar de Fort Huachuca, Arizona, autoridades de EE. UU. operan drones MQ-9 Predator B desde contenedores de transporte sin ventanas, transformados en centros de vigilancia. A través de tecnología de radar VaDER y cámaras térmicas, identifican movimientos en zonas inhóspitas del desierto, incluso localizando a una madre y su hijo para guiar a agentes de la Patrulla Fronteriza hasta ellos.
Las aeronaves rastrean hasta 23 km² de terreno con precisión gracias a inteligencia artificial y visión térmica. A pesar de que el flujo migratorio ha disminuido, estas unidades siguen activas, con miles de horas de vuelo programadas. Esto permite interceptar incluso grupos pequeños o personas que cruzan en solitario, reforzando la vigilancia en zonas antes difíciles de cubrir.
El costo de operación es considerable: aunque el Departamento de Seguridad Nacional reporta un gasto de unos 3 800 USD por hora de vuelo, auditorías previas indican que el costo real, sumando personal y mantenimiento, podría alcanzar los 13 000 USD. Además, factores como el clima extremo reducen casi a la mitad las horas efectivas de vuelo programadas.
Pese a la sofisticación tecnológica, lo cierto es que quienes cruzan la frontera irregularmente enfrentan peligros concretos más allá del despliegue aéreo: desde robos y violencia hasta el riesgo de quedarse aislados en zonas remotas sin ayuda. Esta realidad evidencia que, incluso con herramientas modernas, la migración por rutas no autorizadas sigue siendo un trayecto peligroso y complejo.
