En cuatro años la 4T ha detenido a más migrantes que Peña y Calderón

El año pasado se rompió el récord de casi 400 mil personas; se encamina a ser el sexenio con más detenciones migrantes de la historia.

México alcanzó la cifra más alta de migrantes indocumentados detenidos en territorio nacional en 2022. Tan solo entre enero y noviembre del año pasado, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 388 mil 611 personas migrantes detenidas, provenientes de 137 nacionalidades. 

Esta cifra supera por más de doble a la cantidad de migrantes detenidos en 2019,cuando se contabilizaron 182 mil 940 capturas. Las casi 400 mil detenciones entre enero y noviembre arrojan un promedio de más de mil 150 detenciones diarias. 

En los primeros cuatro años de la actual administración federal la cifra asciende a 969 mil 900 personas migrantes detenidas. En contraste, durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se detuvieron a 820 mil 240 migrantes, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra fue de 511 mil 514.

Aunque aún no supera las detenciones ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox (2000 a 2006), que fueron un millón 109 mil 365, el actual sexenio se encamina a convertirse en el periodo presidencial con más detenciones de migrantes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), el número de detenciones en 2022 responde a las coyunturas sociopolíticas acontecidas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

La misma dependencia también señala que por primera vez en el siglo XXI, la migración irregular venezolana ocupa el primer puesto de detenciones con 81 mil 264 casos; es decir 18 veces más incidencias que las registradas en 2021.

En contraparte, las detenciones de nacionales hondureños disminuyeron entre 2021 y 2022, al pasar de 128 mil 54 casos en 2021 a 67 mil 677 en 2022.

Organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Sin Fronteras IAP, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Derechoscopio, Uno de Siete Migrando y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), han denunciado un proceso de militarización inédito en la política migratoria de México.

Dicha militarización se ha incrementado como resultado de los acuerdos migratorios promovidos por Washington y aceptados por México. Además, a las dependencias militares se les ha adjudicado con mayor frecuencia en este sexenio funciones en materia migratoria; sin olvidar la naturaleza castrense de la Guardia Nacional y la presencia militar en la estructura del INM.

Como resultado de esta política migratoria, la Guardia Nacional y el INM han aumentado los operativos conjuntos para la contención migratoria. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones al INM y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -dependencia que anteriormente administraba la Guardia Nacional- respecto al uso excesivo de la fuerza contra migrantes.

Un tercio de los migrantes son mujeres

En entrevista para La Verdad Noticias, Miriam González, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), compartió que del total de las detenciones migratorias realizadas en México el año pasado, alrededor de 30% son mujeres.

Refirió que pese a la retórica gubernamental de “rescate a migrantes”, desde junio de 2019 -cuando la Guardia Nacional y personal militar comenzaron a ejercer labores de contención migratoria-, se complicó el tránsito en México para las personas migrantes debido a las políticas migratorias cada vez más restrictivas. 

Sobre las mujeres migrantes, Miriam González enfatizó la problemática de la violencia “transnacional”. Indicó que más allá de la violencia generalizada que encuentran muchas mujeres en su país de origen, enfrentan otra violencia como la de género, la cual no se termina cuando cruzan las fronteras mexicanas.

Hizo hincapié en lo que denominó violencia institucional, la cual se evidencia desde que el INM no trabaja bajo una óptica de género para brindar la calidad de refugiadas a las mujeres migrantes. Y las que sí cuentan con estatus de refugiadas tienen muchos obstáculos, por ejemplo para registrar a sus hijos nacidos en México, inscribirlos en una escuela o al momento de intentar adquirir una propiedad. 

Por su parte, Fernanda Rivero, de Sin Fronteras IAP, expuso que el principal problema de la actual administración es que considera a la migración como un tema de seguridad nacional, cuando debería ser de seguridad humana. Dijo que a pesar de que la Constitución provee de Derechos Humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, estos no se cumplen por parte de las instituciones.

También refirió que el aumento exponencial de las detenciones de personas migrantes comenzó a visibilizarse desde que se desplazaron las primeras caravanas migrantes en 2018 y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con subir los aranceles. 

Añadió que la política migratoria de Estados Unidos para admitir hasta 30 mil migrantes por mes es complicada porque “las personas casi casi tienen que llegar en avión”. Además, a México se le complica recibir a los migrantes deportados de su vecino del norte porque no cuenta con la infraestructura suficiente para tal demanda. 

“Nos preocupa porque el tema le compete a la Federación, sin embargo, el peso recae en los municipios, por ejemplo Tapachula. Y si todo recae en un municipio con sus propias problemáticas como la pobreza, genera xenofobia y aversión a las personas migrantes”, explicó. 

Rivero también visibilizó la diferencia de presupuestos que reciben las dependencias que se encargan del tema. Mientras el INM recibe un presupuesto sólido para detener y deportar migrantes, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene mucho menos presupuesto para socorrer a los migrantes.

Biden abre paso a 30 mil migrantes regulados por mes

En días recientes el presidente estadounidense Joe Biden tomó la decisión de reforzar las medidas de control para ingresar a Estados Unidos desde la frontera con México. Lo anterior a cambio de ofrecer nuevas vías de inmigración legal, particularmente para personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. 

De esta forma, la población migrante de los cuatro países mencionados podrán ingresar a Estados Unidos si son capaces de demostrar que cuentan con los medios o el apoyo necesario para sobrevivir en la nación norteamericana, siempre y cuando la cifra mensual de migrantes no rebase los 30 mil ingresos. 

Asimismo, los migrantes que comprueben tener el apoyo de un residente estadounidense podrán ingresar a Estados Unidos por un tiempo de hasta dos años y contarán con un permiso gubernamental para trabajar de forma legítima. Además, el trámite debe realizarse fuera de Estados Unidos a través de una aplicación de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo.

Aunado a esto, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, las personas migrantes deben comenzar el proceso de admisión al país desde sus naciones, con el fin de evitar la migración irregular, además de que las personas que hayan intentado cruzar la frontera de manera ilegal no serán elegibles. 

El programa norteamericano tiene la intención de promover la migración legal, regulada y humanitaria para las personas que cumplan con los requisitos, no obstante, la política migratoria estadounidense continúa reforzándose en las fronteras con México para enfrentar la migración ilegítima.