El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la cancelación de los programas de reunificación familiar (FRP) que beneficiaban a miles de migrantes de América Latina y el Caribe. Esta decisión afecta de manera directa a personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como a sus familiares inmediatos, poniendo fin a una vía que tantas familias esperaban como puente para reunirse en territorio estadounidense.
Los programas FRP permitían a beneficiarios ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos mientras avanzaban sus trámites migratorios, en un mecanismo que combinaba la reunificación familiar con permisos de permanencia y trabajo. Con la cancelación, estas autorizaciones expirarán en enero de 2026, salvo excepciones para quienes hayan iniciado un proceso de ajuste de estatus antes de una fecha límite establecida a mediados de diciembre.
Esta medida no solo pone en riesgo la estadía de miles de personas, sino que también amenaza con revocar sus permisos de trabajo vinculados a estos beneficios migratorios. Familias que llevan años esperando avanzar en su proceso legal ahora enfrentan la posibilidad de tener que salir del país si no cuentan con otra opción legal para permanecer.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la decisión argumentando que los programas fueron sujetos a abusos y brechas de seguridad, y que es necesario volver a un sistema de revisión caso por caso. Sin embargo, el impacto humano y social es profundo: muchas familias migrantes ahora se encuentran en un limbo jurídico, con la presión de regularizar su situación antes de quedarse sin estatus legal.
Este giro en la política migratoria se produce en un contexto de incrementos en las restricciones para migrantes en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre quienes ya viven en el país sin ciudadanía o estatus permanente. La cancelación de los programas de reunificación familiar se suma a otras medidas que han limitado diferentes rutas para obtener protección o residencias legales.
Para quienes aún cuentan con un beneficio vigente, la cuenta regresiva ha comenzado, y buscar alternativas legales, asistencia legal y mantener sus trámites en orden es ahora una prioridad urgente. La cancelación también reaviva el debate sobre las dificultades que enfrentan las familias migrantes para permanecer unidas en un sistema que cada vez pone más barreras al reencuentro familiar.
En definitiva, la decisión representa una de las mayores sacudidas en el ámbito migratorio este año, con consecuencias humanas y sociales profundas para comunidades enteras. Lo que viene será un desafío para quienes tienen vínculos familiares en Estados Unidos y pocas rutas seguras para avanzar hacia la residencia o la ciudadanía, y sus historias están lejos de resolverse.
