Texas se prepara para implementar una de las medidas migratorias más estrictas de los últimos años. A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor una nueva ley estatal que obligará a los alguaciles y fiscalías locales a colaborar formalmente con autoridades federales migratorias bajo el programa 287(g). Esto significa que los agentes locales podrán interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar indocumentadas, una facultad antes reservada únicamente a oficiales federales.
La ley fue diseñada para ampliar estos acuerdos en casi todos los condados del estado, incluso en aquellos que se habían resistido a adoptarlos por preocupaciones sobre costos o posibles abusos. Para impulsar la aceptación, el gobierno estatal ofrecerá subvenciones que oscilan entre 80.000 y 140.000 dólares, destinadas principalmente a condados pequeños que alegan falta de recursos. Sin embargo, los condados de mayor tamaño no recibirán apoyo económico, pese a que allí se concentra la mayoría de la población migrante.
El programa 287(g) no es nuevo: más de mil acuerdos similares ya operan en decenas de estados del país. Pero la decisión de Texas le da un alcance sin precedentes, pues convierte la cooperación con autoridades migratorias en una obligación legal, no una opción voluntaria. Con ello, el estado se posiciona nuevamente como uno de los más agresivos en la aplicación interna de leyes migratorias.
Defensores de la medida aseguran que ayudará a identificar personas con antecedentes penales y a reforzar la seguridad pública. Pero organizaciones comunitarias alertan que, en la práctica, este tipo de acuerdos ha derivado en detenciones de personas sin historial delictivo, así como en un incremento de perfiles raciales y temor a reportar crímenes o buscar servicios médicos por miedo a ser entregados a migración.
La entrada en vigor de esta ley tendrá un fuerte impacto tanto en migrantes recién llegados como en quienes han vivido por años en Texas sin documentos. Activistas y abogados migratorios anticipan un aumento en deportaciones, lo que podría traducirse en mayor separación familiar, afectando a miles de hogares que incluyen ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y menores nacidos en el país.
Además, se teme que las relaciones entre comunidades y autoridades locales se deterioren, especialmente en áreas rurales donde los migrantes representan una parte significativa de la fuerza laboral. En regiones fronterizas, expertos prevén que la medida pueda empujar a más personas a evitar cualquier interacción con funcionarios, dificultando la denuncia de delitos y la obtención de servicios básicos.
Mientras Texas avanza con esta estrategia, el panorama migratorio en el país continúa tensionado. La implementación de esta ley podría convertirse en un precedente para otros estados, reconfigurando la forma en que se ejerce la política migratoria a nivel local. Lo que ocurra después de enero de 2026 marcará un precedente que podría cambiar la vida de millones dentro y fuera del país.
