Los cruces de migrantes en la frontera Suroeste de Estados Unidos han alcanzado una cifra histórica: en junio de 2023, se reportaron sólo 6,070 detenciones, marcando el número más bajo desde que se tienen registros. Este descenso significativo se da en comparación con marzo, donde la cifra alcanzó un máximo histórico de 7,180 detenidos. El Gobierno del expresidente Donald Trump ha destacado este suceso como un reflejo de la eficacia de sus políticas de seguridad fronteriza y las agresivas medidas de deportación implementadas durante su mandato.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 28 de junio, la Patrulla Fronteriza registró un día sin precedentes, con sólo 137 detenciones en toda la frontera, la cifra más baja en un solo día en veinticinco años. Esta tendencia resalta la dificultad que enfrenta el país en temas migratorios, especialmente si se compara con finales de 2023, cuando las detenciones superaron las 10,000 en momentos de mayor actividad. En términos nacionales, se reportaron 8,039 detenciones, también un mínimo histórico.
Nuevas Leyes y Desafíos Legales
Por segundo mes consecutivo, las autoridades fronterizas no liberaron a ninguno de los migrantes detenidos, incluyendo a aquellos que buscan asilo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha registrado un total de 25,243 encuentros a nivel nacional, aunque no está claro si estos números incluyen a los migrantes sin estatus legal en EE.UU. La secretaria del DHS, Kristi Noem, afirmó que bajo la administración de Trump, se han logrado récords que indican que EE.UU. tiene la frontera más segura de su historia.
Simultáneamente, la Cámara de Representantes está llevando a cabo la votación de una nueva ley fiscal que incluye miles de millones de dólares destinados a fortalecer la seguridad fronteriza. La legislación contempla más de 64,000 millones para la construcción de un muro fronterizo y 70,000 millones para la detención de migrantes, así como la creación de nuevos puestos de trabajo. El Gobierno planea contratar más de 20,000 nuevos agentes para mejorar la función del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Sin embargo, no todo ha sido positivo para la administración Trump. Un juez federal ha determinado que la orden de *suspensión de asilo* en la frontera Sur es ilegal. Esto pone en jaque uno de los pilares del plan migratorio del expresidente. A pesar de la suspensión, el juez ha permitido que la administración se tome dos semanas para apelar la decisión.
El 20 de enero, Trump había declarado la situación en la frontera Sur como una invasión, suspendiendo el acceso físico de migrantes y su derecho a solicitar asilo. El juez Randolph Moss indicó que la Constitución y la ley de inmigración no le otorgan al presidente tal autoridad, lo que abre un debate crucial sobre el derecho de asilo en EE.UU.
La Defensa del Derecho de Asilo
Los defensores de los derechos humanos argumentan que el acceso al asilo es fundamental para las personas que huyen de la persecución. Sostienen que este derecho está garantizado por la ley y por compromisos internacionales, y que el presidente no puede ignorarlos. Grupos que trabajan en apoyo a los migrantes han presentado demandas en contra del gobierno, sosteniendo que la proclamación de Trump equipara a los migrantes con una invasión.
El debate legal que rodea estas cuestiones resuena profundamente entre los migrantes que aún buscan una vida mejor en los EE.UU. La incertidumbre y los esfuerzos por controlar las cifras de cruces en la frontera suscitan una preocupación válida sobre cómo afectarán las políticas actuales a aquellos que consideran crucial pedir asilo.
