California entra en una nueva etapa legislativa que busca blindar los derechos de los migrantes frente a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales. Tres proyectos de ley, recientemente aprobados por la Cámara de Legisladores del estado, reducirán —una vez que el gobernador Gavin Newsom los firme— el margen con el que los agentes realizan redadas migratorias, especialmente en hospitales, escuelas y comunidades vulnerables.
La Ley Senatorial 805 impondrá la obligación de que todos los agentes que hagan funciones de control migratorio usen uniformes visibles, placas o identificaciones con nombre y dependencia. También prohibirá expresamente que oculten su rostro, lo que para muchos activistas ha sido una fuente de temor e impunidad. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Otra de las iniciativas clave es la SB 81, que limitará el uso de información por parte de agentes federales en espacios de salud. De acuerdo con esta regla, los oficiales no podrán solicitar datos personales ni realizar redadas si las personas no lo autorizan, o si no cuentan con una orden judicial válida.
El tercer proyecto, SB 98, se orienta a proteger los espacios educativos desde kínder hasta universidad. Será exigido que las escuelas informen a estudiantes, familias y personal cuando agentes de control migratorio ingresen al campus. Además, contempla permisos temporales para cuidadores si los padres indocumentados son detenidos. Esta ley pretende estar vigente hasta enero de 2031.
Estas leyes responden al creciente malestar en comunidades migrantes que han denunciado operativos sorpresivos, agentes con rostros cubiertos y sin identificaciones visibles, irrupciones en hospitales o escuelas, lo que ha generado un ambiente de miedo generalizado. Muchos migrantes reportan evitar acudir a clínicas, llevar a sus hijos a clases o simplemente salir de sus casas.
Sin embargo, su implementación también plantea desafíos: ¿qué tan rápido podrá el estado establecer mecanismos de control para garantizar que los agentes federales respeten estas reglas? ¿Qué responsabilidad habrá si las normas se violan? También está en duda cómo interactuarán estas leyes estatales con las políticas federales de inmigración, que en muchos casos operan bajo otros mandatos legales.
El gobernador Gavin Newsom tiene la llave: una vez que firme estos proyectos, California podría convertirse en un modelo nacional de resistencia legal frente a lo que los migrantes perciben como una ofensiva creciente.
