Las protestas estallaron en Caracas y en varios estados del país, donde miles de ciudadanos se manifestaron contra lo que consideran un fraude electoral. La situación se tornó peligrosa, con enfrentamientos y detenciones, lo que llevó a los estudiantes a organizarse para buscar a varios jóvenes detenidos, incluido una menor de edad.
Las manifestaciones, que se extendieron a 19 de los 23 estados, registraron al menos 11 muertes y 749 detenidos, según informes de diversas organizaciones de derechos humanos. Los manifestantes, muchos de ellos provenientes de barrios que tradicionalmente apoyan al chavismo, expresaron su descontento al quemar imágenes de Maduro y derribar estatuas del fallecido ex presidente Hugo Chávez en diversas localidades, un acto que marcó un punto simbólico en la resistencia popular.
En Coro, las instalaciones del CNE y vehículos militares fueron incendiados, mientras los manifestantes llevaban a cabo actos de saqueo. Un periodista anónimo presenció el caos y describió cómo un grupo de civiles armados, conocidos como “colectivos”, intimidó a los presentes. Esta escalada de violencia se produce en un contexto donde el CNE había anunciado que Maduro había logrado el 51,2% de los votos, un resultado que fue rápidamente cuestionado por la oposición.
Edmundo González Urrutia, su oponente, y María Corina Machado, líder opositora, denunciaron irregularidades y se comprometieron a exigir que el CNE publique las actas de votación. Machado, además, habilitó una plataforma para que los votantes verificaran los resultados en sus localidades. Las cifras de la oposición indicaron que Maduro habría recibido menos votos que su rival, lo que intensificó la presión sobre el gobierno.
La comunidad internacional comenzó a pronunciarse en desacuerdo con los resultados electorales, demandando transparencia y la entrega de documentación que respalde el proceso.
Las amenazas legales en contra de los detenidos han aumentado, y se les advierte de posibles acusaciones de “instigación al odio”, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, lo que refleja la gravedad del entorno político en el país. La represión y la violación de derechos humanos están cada vez más presentes en el discurso social.
Mientras tanto, la escalada de protestas podría seguir despertando el descontento popular, ya que la voz del pueblo resuena en forma de resistencia ante un régimen que muchos consideran ilegítimo. Con el futuro incierto, cada acto de valentía se convierte en un símbolo de lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.
