En un golpe contundente a la política migratoria del expresidente Donald Trump, una jueza federal bloqueó temporalmente la revocación del parole humanitario que protege de la deportación a más de 530,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. La decisión llega a solo dos semanas de la fecha límite impuesta por la Administración para que los beneficiarios abandonaran el país o enfrentaran una expulsión forzada.
La jueza Indira Talwani, del distrito de Boston, determinó que la revocación generalizada del estatus legal de estos migrantes es inconstitucional si no se revisan los casos uno por uno. En su fallo de 41 páginas, Talwani subrayó que terminar las protecciones sin justificación individual “socava el Estado de derecho” y condenó la presión que enfrentaban los migrantes al tener que decidir entre auto-deportarse o exponerse a la detención.
Para muchos de los afectados, regresar a sus países implica riesgos graves, desde la violencia hasta la separación familiar. La jueza ordenó también cancelar los avisos de deportación enviados previamente. Esta decisión frena momentáneamente la medida que iba a dejar sin derechos laborales y de residencia a medio millón de personas a partir del 24 de abril.
El parole humanitario fue creado durante la presidencia de Joe Biden como una forma de migración ordenada para personas de países con crisis humanitarias. Bajo ese programa, los beneficiarios obtenían un permiso de trabajo por dos años. Pero desde enero, el gobierno de Trump había pausado las renovaciones y buscaba desmantelar por completo el programa, dejando a miles en el limbo legal.
Organizaciones migrantes celebraron la victoria legal, calificándola como un respiro necesario ante una administración empeñada en criminalizar a quienes ingresaron de forma regular al país. “Es un paso significativo hacia la justicia”, expresó Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, organización que junto con Human Rights First presentó la demanda que detuvo el plan de deportación.
A pesar del fallo, la incertidumbre persiste. La Casa Blanca de Trump no ha emitido un comunicado oficial, aunque un funcionario del gobierno calificó la decisión como “tiranía sin ley”. Mientras tanto, cientos de miles de migrantes siguen esperando que la justicia prevalezca frente a lo que muchos consideran una persecución política disfrazada de política migratoria.
