Un nuevo frente legal se abre contra los migrantes detenidos recientemente en el sur de Nuevo México: el gobierno de Estados Unidos les ha imputado cargos penales adicionales por ingresar sin autorización a una zona de defensa nacional, tras la reciente militarización de un corredor fronterizo que ahora se considera una extensión de Fort Huachuca, en
En un juicio que ha dejado huella en todo el país, un jurado de San Antonio ha declarado culpables a dos hombres por su responsabilidad en la muerte de 53 migrantes indocumentados — 47 adultos y 6 niños. Este espeluznante suceso, ocurrido en junio de 2022, es considerado uno de los incidentes de tráfico de personas más mortales en la historia de los Estados Unidos. La condena ha puesto sobre la mesa los riesgos mortales que enfrentan los migrantes en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal.
Un menor de 16 años fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras intentaba movilizar a dos migrantes en situación irregular en los Estados Unidos, a tan solo unos metros de la frontera entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona. Este inesperado arresto ha sacudido las autoridades locales, que ahora enfrentan un preocupante fenómeno: menores involucrados en el tráfico de personas.
Durante los primeros 50 días de la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha registrado un total de 32,809 migrantes detenidos, una cifra que genera controversia y alarma. Esta operación no solo abarca a aquellos que intentan cruzar ilegalmente, sino que también involucra a delincuentes convictos y personas con cargos penales pendientes, lo que marca el inicio de una serie de acciones que muchos ya han catalogado como una de las ofensivas migratorias más grandes de la historia.
Este jueves 27 de febrero, un nuevo capítulo en la seguridad fronteriza de los Estados Unidos comenzó a escribirse. La Guardia Nacional Texana obtuvo oficialmente la facultad legal para detener a migrantes que ingresen de manera irregular al país, amparados por el Título 8 de las leyes migratorias estadounidenses. Este cambio de poder, respaldado por la Oficina de la Patrulla Fronteriza en El Paso, marca un hito en las políticas de control migratorio, mientras las autoridades buscan frenar el flujo de personas que atraviesan la frontera desde México.
En una movida que ha generado gran atención, el Gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado un paquete de leyes que destina 50 millones de dólares para proteger a los migrantes del estado frente a los planes de deportación masiva impulsados por la administración de Donald Trump. Este es un paso audaz para defender las políticas migratorias estatales y hacer frente a los continuos desafíos que el gobierno federal ha lanzado contra California.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de dar un paso que ha dejado boquiabiertos tanto a los gobiernos de América Latina como a las autoridades estadounidenses. En un acuerdo migratorio que ha sido calificado como el “más extraordinario” de su tipo, El Salvador aceptará a migrantes deportados por Estados Unidos, y lo que ha causado aún más revuelo, criminales violentos estadounidenses.
Hace más de 14 años, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, conmocionó al mundo y dejó una huella imborrable en las familias de las víctimas. Ahora, tres miembros del temido cartel Los Zetas han sido sentenciados a penas de hasta 82 años de prisión por su participación en este crimen brutal. Este caso, que ha tardado más de una década en llegar a sus últimas consecuencias, trae un rayo de esperanza para las familias de los migrantes que aún esperan justicia.
Los dos migrantes señalados como presuntos responsables del asesinato del oficial del Instituto Nacional de Migración (INM), Luis Alberto Olivas García, fueron detenidos y puestos a disposición de un juez federal. Durante su primera audiencia, celebrada el 2 de enero, los acusados, Carlos Arichuga S.M. y David Josué V., decidieron guardar silencio sobre los hechos y renunciaron a su derecho de recibir asistencia consular de sus países. A pesar de que uno de los imputados, Arichuga, tenía doble nacionalidad (venezolano y colombiano), no se solicitó la notificación a Venezuela ni a Colombia sobre el arresto.
En un reciente operativo llevado a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades locales arrestaron a un hombre identificado como José Trinidad C. L., de 50 años de edad, quien transportaba de manera ilegal a 27 migrantes en la caja de un tráiler.
