Un programa piloto que distribuía tarjetas de débito prepagadas a migrantes en la ciudad de Nueva York será descontinuado en enero, según anunciaron los funcionarios de la ciudad. Este programa fue implementado como respuesta a la creciente crisis de migración y solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes de México, Centroamérica y Sudamérica.
Un río Bravo sin migrantes: esta escena podría parecer el éxito de las políticas migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esta aparente tranquilidad se oculta un profundo miedo a las amenazas emitidas desde la campaña presidencial del país. La gente ha comenzado a optar por caminos legales para solicitar asilo, disminuyendo drásticamente los cruces fronterizos irregulares. Según datos del gobierno del presidente Joe Biden, el número de migrantes que cruzó la frontera de manera irregular ha caído de 250,000 en diciembre a apenas 54,000 en septiembre de 2024.
En un desarrollo significativo para la comunidad migrante, se ha anunciado que el próximo martes partirán, de manera simultánea, dos caravanas de migrantes desde Tapachula hacia el norte. Luis Rey García Villagrán, director de la organización Dignificación Humana, ha confirmado que uno de los grupos se formará en el parque Bicentenario con aproximadamente cinco mil personas, mientras que otro grupo de alrededor de mil 500 migrantes saldrá del parque de Tuxtla Gutiérrez.
En operaciones recientes en Sonora, elementos de la Guardia Nacional junto con efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM) llevaron a cabo rescates exitosos, salvando a un total de 74 personas migrantes provenientes de diversas naciones.
Dentro de esta crisis, uno de los grupos más afectados son los migrantes indocumentados. Aunque la cifra exacta de extranjeros indocumentados en Florida es incierta, se estima que al menos 4.8 millones de migrantes residen en el estado, de los cuales 250,000 son mexicanos.
La primera caravana migrante de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) partió de la frontera Sur hacia la Ciudad de México, con cientos de indocumentados demandando un cambio en la política migratoria.
El proyecto de ley HB-10 en Carolina del Norte ha generado un intenso debate en torno a la forma en que las autoridades locales tratan los casos de inmigrantes indocumentados involucrados en delitos graves.
