
Tribunal frena intento de quitar protección a venezolanos
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha rechazado un intento del gobierno de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350,000 migrantes venezolanos.
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha rechazado un intento del gobierno de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350,000 migrantes venezolanos.
Una zona federal fronteriza entre México y Estados Unidos será transferida al Departamento de Defensa, lo que permitiría al Ejército estadounidense controlar y vigilar ese territorio como si fuera parte de una base militar. Esta decisión del presidente Donald Trump podría cambiar radicalmente el trato a los migrantes, ya que las tropas tendrían facultad para detener a cualquier persona que ingrese al área, incluidos quienes buscan asilo.
En el sur de México, más de 3 mil migrantes venezolanos están atrapados en un limbo migratorio sin recursos ni documentos. Desde Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, suplican al presidente Nicolás Maduro que reactive los vuelos humanitarios del programa ‘Vuelta a la Patria’, pues no tienen cómo avanzar hacia la Ciudad de México, donde actualmente aterrizan los pocos vuelos disponibles.
El colectivo veracruzano anunció la muerte de la mujer que por más de 10 años dio de comer a extranjeros que viajan en trenes hacia la frontera norte
Un grupo de migrantes venezolanos varados en Tapachula, Chiapas, lleva semanas esperando una respuesta clara del Instituto Nacional de Migración (INM) para poder regresar a su país. Aunque el gobierno mexicano ha anunciado vuelos humanitarios, los migrantes denuncian que estos traslados solo incluyen a quienes están en Ciudad de México, dejando fuera a los que sobreviven en la frontera sur. Frente a la estación migratoria Siglo XXI, más de 250 personas se manifestaron pacíficamente, exigiendo una solución concreta.
Hace poco más de un año, el Tapón del Darién era un infierno selvático por el que más de mil migrantes cruzaban cada día. Hoy, ese corredor natural entre Colombia y Panamá parece un escenario postapocalíptico. Donde antes había caos, llanto y esperanzas rotas, ahora solo hay silencio, carpas vacías y un puñado de personas varadas. La razón: las medidas migratorias represivas del presidente estadounidense Donald Trump, que han hecho casi imposible llegar a la frontera con EE.UU.
Más de 4 mil menores han perdido la vida en rutas migratorias desde 2014, según un estremecedor análisis de Save the Children, basado en datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El informe revela una realidad devastadora: casi la mitad murió ahogada, muchos de ellos intentando alcanzar un futuro más seguro. Estas cifras estremecedoras revelan una crisis silenciosa que sigue cobrando víctimas, año tras año.
Salma Hayek ha vuelto a las redes sociales, pero esta vez no es para presumir su última alfombra roja ni para hablar de sus proyectos cinematográficos. En un video que rápidamente se viralizó, la actriz mexicana decidió hacer frente a un tema que sigue siendo controvertido en tiempos de creciente polarización política en Estados Unidos: la migración latina y su impacto en la economía del país.
Guanajuato está nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por un violento asalto que sufrió un grupo de 17 migrantes michoacanos. Los migrantes, provenientes de Denver y Florida, se dirigían hacia Jacona, Michoacán, con la esperanza de regresar a su hogar tras un largo viaje. Sin embargo, lo que parecía ser una travesía de esperanza se convirtió en una pesadilla cuando fueron víctimas de un asalto perpetrado por hombres vestidos con los uniformes de la Guardia Nacional.
La Administración de Donald Trump está lista para implementar una estrategia drástica contra los migrantes con órdenes de deportación. En un plan que podría afectar a casi 1,4 millones de personas, el gobierno de Estados Unidos planea imponer multas de hasta 998 dólares por día a aquellos que no abandonen el país como se les ha ordenado. Si la sanción no se paga, las autoridades podrían ir aún más lejos, confiscando propiedades y activos de los migrantes.