Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos otorgó a la administración del presidente Donald Trump la posibilidad de avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de migrantes provenientes de países como Honduras, Nicaragua y Nepal.
El Estatus de Protección Temporal es un programa humanitario que permite a personas de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis excepcionales vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación mientras las condiciones en sus lugares de origen siguen siendo peligrosas.
En una decisión de esta semana, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito levantó una orden judicial previa que frenaba la eliminación de esas protecciones para más de 60,000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua. El fallo señala que el gobierno probablemente puede justificar legalmente su decisión, lo que allana el camino para que el programa TPS sea retirado para estos grupos.
La administración federal argumenta que el TPS fue concebido como una medida temporal y que las condiciones en algunos países han mejorado lo suficiente para eliminar esas designaciones. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido este enfoque en redes sociales, insistiendo en que el programa estaba siendo usado más allá de su propósito original.
Organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado estas acciones, advirtiendo que la eliminación de estas protecciones podría dejar a familias, trabajadores y estudiantes sin un estatus legal y vulnerables a procesos de deportación, incluso después de años de vivir y contribuir en Estados Unidos.
Este desarrollo se enmarca en una tendencia más amplia de la administración Trump para reducir o eliminar vías migratorias temporales, que previamente incluyó intentos de revocar el TPS para venezolanos y otras nacionalidades, con resultados mixtos en tribunales.
Para las personas bajo TPS, perder este estatus también implica potencial riesgo de perder permisos de trabajo y acceso a protecciones contra deportación, por lo que muchas familias están observando de cerca cómo se resuelven estos casos en instancias judiciales superiores.
