Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración lanzó una ofensiva migratoria que prometía gigantescas deportaciones. La meta, inicialmente ambiciosa, era expulsar a todos los “sin papeles” y, más adelante, alcanzar al menos un millón de deportaciones en el año.
Pero esos números se han quedado muy lejos. Entre enero y agosto de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) expulsó 168 841 personas, casi el doble del promedio mensual al inicio del mandato, pero muy por debajo de la gran promesa hecha públicamente. Ese aumento en deportaciones va acompañado de un fuerte crecimiento en detenciones y población en custodia. En enero, unos 40 000 migrantes estaban bajo custodia del ICE; en septiembre, esa cifra se ha elevado alrededor del 50 %, alcanzando casi 60 000 personas.
El perfil de las detenciones también ha cambiado. Antes, la mayor parte de los arrestos sucedía justo en o muy cerca de la frontera con México, realizados por la Patrulla Fronteriza, al capturar a quienes cruzaban. Hoy en día, el ICE realiza la mayoría de las detenciones —incluyendo redadas internas y arrestos en cortes migratorias—, especialmente después de que cruzar se hizo más riesgoso y vigilado.
Las condiciones en los centros de detención han generado preocupación. Con una capacidad ya al límite al inicio del mandato, las autoridades han reabierto instalaciones cerradas, construido otras rápidamente y usado cárceles comunes para albergar detenidos. Hay reportes recurrentes de hacinamiento, abuso, condiciones “deplorables” y denuncias que no remiten.
El clima de temor se ha extendido entre comunidades migrantes dentro de EE. UU., pero también está impactando a quienes contemplan migrar desde Centroamérica y México: la idea de que puede haber detención en ciudades interiores, en citas judiciales o por desplazarse dentro del país disuade, pero también expone a quienes intentan continuar la ruta a riesgos cada vez más altos.
La cruzada migratoria de Trump, aunque ha escalado en deportaciones y detenciones, aún está muy lejos de lo que él mismo prometió. El reto que se cierne no es solo logístico o político —también es humano. Familias divididas, personas atrapadas en centros abarrotados, miedo constante en comunidades indocumentadas y una presión creciente sobre el sistema legal y humanitario de los EE. UU. Lo que viene: más inversiones en vigilancia, posibilidad de nuevas metas en los próximos meses, pero también una escalada en los costos humanos que, si no son atendidos, podrían desencadenar crisis en las fronteras, en los refugios y dentro del país.
