En los últimos años, los migrantes mexicanos que han dedicado su vida al trabajo en Estados Unidos enfrentan una realidad amarga al envejecer. Muchos de ellos, después de décadas de arduo trabajo en sectores como el campo, la jardinería, y la construcción, se encuentran sin pensiones suficientes o con ahorros limitados para subsistir. En un llamado urgente al Gobierno de Claudia Sheinbaum, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que agrupa a más de 70 organizaciones civiles, solicitó la inclusión de los migrantes de la tercera edad en el programa de Pensión Bienestar, actualmente disponible en México, a pesar de que viven en el extranjero.
El grupo, que incluye a activistas como María Marroquín y Ángela Sanbrano, quienes han vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, explica que, aunque muchos migrantes han aportado al país vecino durante años a través de impuestos, el gobierno estadounidense no les ofrece pensión debido a la falta de cotización. En cambio, algunos reciben una pensión mínima, insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, como el alquiler o el seguro médico. “Nos dejan atrás, como si nuestra vida no hubiera importado”, lamenta Marroquín, quien, a sus 66 años, coordina la organización Day Worker Center en California.
Se estima que alrededor de dos millones de migrantes mexicanos de la tercera edad viven en Estados Unidos, de los cuales más de 500,000 son indocumentados. Estos adultos mayores enfrentan una doble exclusión: no pueden acceder a los beneficios de la Seguridad Social de EE. UU. y tampoco reciben el apoyo de programas sociales en México debido a su residencia en el extranjero. Para muchos, la Pensión Bienestar, creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sería una forma de alivio económico, ofreciendo 6,000 pesos cada dos meses (unos 300 dólares), una cifra que podría ser crucial para sobrevivir.
Marroquín subraya que los migrantes han contribuido significativamente a las economías de ambos países, pero al envejecer se sienten abandonados por ambos gobiernos. “Cuando envejecemos, ni México ni Estados Unidos nos quieren”, afirma con tristeza, resaltando que las condiciones de trabajo a las que fueron sometidos durante años, en su mayoría en empleos precarios, ahora se traducen en una salud deteriorada.
Ángela Sanbrano, de 79 años, también destaca la importancia de reconocer los derechos de los migrantes, incluso cuando se encuentran fuera de México. “Un mexicano se lleva sus derechos donde sea”, explica Sanbrano, quien lleva más de 60 años viviendo en Los Ángeles. Para ella y otros migrantes como ella, la Pensión Bienestar no es solo una cuestión económica, sino un derecho que deberían poder ejercer sin importar su lugar de residencia.
El gobierno de López Obrador había reconocido en 2022 que los migrantes mexicanos podrían calificar para el sistema de seguridad social de México, aunque esta medida aún no ha sido implementada. Ahora, con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, las organizaciones migrantes confían en que el nuevo gobierno tomará en cuenta su petición. Sheinbaum, por su parte, ha mostrado una postura de apoyo, reconociendo a los migrantes como “héroes y heroínas” de la economía mexicana, aunque también señaló que el gobierno necesita revisar los presupuestos para poder ofrecer una respuesta adecuada.
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones migrantes es el costo que implicaría extender la Pensión Bienestar a los migrantes indocumentados. Según cálculos, esto podría representar un gasto adicional de 21,000 millones de pesos (aproximadamente 1,000 millones de dólares). Sin embargo, la NDLON sigue confiando en que el análisis presupuestario del gobierno tomará en cuenta las necesidades urgentes de esta población vulnerable, que en muchos casos depende de las remesas enviadas desde Estados Unidos, una fuente crucial de ingresos para miles de familias mexicanas.
Estas remesas, que en 2023 superaron los 63,000 millones de pesos (unos 3,000 millones de dólares), continúan siendo una de las principales fuentes de financiamiento para la economía mexicana. Con la creciente incertidumbre sobre la política migratoria bajo el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la situación de los migrantes mexicanos podría empeorar. Trump ha amenazado con deportaciones masivas, lo que aumenta la ansiedad en la comunidad migrante, incluidos los adultos mayores.
A pesar de la situación, Sanbrano y Marroquín mantienen la esperanza. “Nos enfrentamos a tiempos difíciles, pero los migrantes mexicanos siempre hemos sabido luchar”, asegura Sanbrano, quien tiene la doble nacionalidad. Marroquín, por su parte, señala que aunque ambos países son parte de su vida, México siempre será su hogar, y lo que buscan ahora es que el gobierno mexicano reconozca a todos sus ciudadanos, sin importar en qué parte del mundo vivan. “Los mexicanos somos una nación con un pie en cada país”, concluye, mostrando el profundo vínculo que muchos migrantes mantienen con su tierra natal.
