En un escenario cada vez más peligroso para los migrantes, los cárteles de la droga en México libran una feroz batalla por el control de las rutas migratorias que atraviesan el país desde Chiapas hasta Sonora. Este cruento conflicto tiene como epicentro el tráfico de personas, con grupos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disputándose el lucrativo negocio de cruzar migrantes hacia Estados Unidos. Las extorsiones, secuestros masivos, y los retenes del narco se han convertido en parte del diario vivir para miles de migrantes que buscan un futuro mejor, pero que se encuentran atrapados en una red criminal.
A lo largo de las rutas que cruzan Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, los migrantes son constantemente sometidos a la violencia organizada. Las autoridades federales, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en seguridad, como los investigadores de InSight Crime, han alertado sobre la situación. Migrantes que se trasladan en autobuses, taxis o mototaxis relatan cómo estos medios de transporte desvían su ruta hacia retenes controlados por narcos, donde son interceptados por hombres armados que los interrogan y extorsionan.
Secuestros, extorsiones y violaciones son el pan de cada día para quienes transitan por estas rutas. Muchos de los migrantes son secuestrados para exigir rescate a sus familias. En algunos casos, se da un cambio de control entre cárteles: si un migrante y su “pollero” cruzan por territorio de un grupo rival, el secuestrador toma el control, exigiendo nuevas cuotas a los migrantes. Esta competencia violenta ha llevado incluso a la colocación de explosivos y ponchallantas en las carreteras para detener caravanas y secuestrar a los viajeros.
Un caso particularmente alarmante es el de Sonora, donde los narcotraficantes han comenzado a colocar trampas explosivas en zonas desérticas y caminos aislados, especialmente en municipios como Altar y Caborca, dos puntos clave en la ruta hacia la frontera con Arizona. En estas regiones, los grupos del crimen organizado han establecido retenciones violentas y también emplean halcones, vigilantes que avisan a los sicarios para detener vehículos y proceder con el secuestro de los migrantes.
La guerra entre cárteles por el control de las rutas migratorias está claramente reflejada en estas tácticas. En algunas regiones de Sonora, los cárteles rivalizan por tener acceso a las zonas donde los migrantes se concentran, poniendo en riesgo sus vidas. Este tipo de control no se limita solo a las grandes ciudades; las zonas rurales también están bajo el dominio de los grupos criminales, quienes han privatizado las rutas para que los migrantes pasen, pero a un costo altísimo.
Según la ONG Alto al Secuestro, el peregrinar hacia Estados Unidos es una odisea plagada de riesgos. Los migrantes enfrentan todo tipo de amenazas: desde las inclemencias del tiempo, pasando por secuestradores del narcotráfico, hasta ser víctimas de extorsiones de grupos que se encargan de su tránsito. En los estados de Chiapas y Oaxaca, que se encuentran entre las principales puertas de entrada de migrantes centroamericanos, los grupos de trata y traficantes de personas han logrado infiltrarse, estableciendo redes de control que operan al servicio de los dos cárteles más poderosos de México.
La situación es aún más grave en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha puesto su mirada en el control económico de la región. Esta área, estratégica por su conexión entre el Océano Atlántico y Pacífico, se ha convertido en una ruta clave tanto para el tráfico de drogas como para el tráfico de personas. Se estima que los grupos criminales extorsionan a los migrantes con cuotas de entre 500,000 y 600,000 pesos, una cifra astronómica que no deja más opción a las víctimas que ceder ante el abuso.
La ruta del Golfo: Tamaulipas, Chihuahua y Sonora como epicentros del crimen organizado
En Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, los migrantes atraviesan algunas de las rutas más peligrosas para llegar a la frontera norte de México. Estas áreas son también conocidas por su alta presencia de grupos criminales locales, como el Cártel del Golfo o células del Cártel de Sinaloa. Estos cárteles no solo se dedican a la venta de drogas, sino que han comenzado a integrar el secuestro de migrantes en sus actividades criminales, tomando el control de rutas que antes no eran tan peligrosas.
De acuerdo con un reporte de la Seguridad Pública Federal de 2022, el 63% de los migrantes deportados aseguran haber cruzado por Tamaulipas, lo que convierte a esta zona en una de las más usadas por los polleros para trasladar a los migrantes hacia Estados Unidos. Las autoridades han detectado que los migrantes prefieren las rutas más cortas, como las que atraviesan el Golfo de México, aunque estas rutas son también las más peligrosas debido a la presencia de los cárteles.
Por otro lado, en Baja California, los migrantes se enfrentan a violencia organizada de grupos criminales como el CJNG o células de Sinaloa, que operan en las rutas del Pacífico, específicamente en Tijuana y Mexicali. En estas ciudades, las rutas de tránsito se han vuelto zonas de alto riesgo donde no solo los migrantes están expuestos al crimen organizado, sino que también existe una estrecha relación entre grupos de narcotraficantes y algunas fuerzas de seguridad locales, lo que hace que los migrantes caigan fácilmente en manos equivocadas.
El camino de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos está marcado por el horror, la violencia y el abuso a manos de traficantes y grupos del crimen organizado. Cada paso que dan es un riesgo: desde ser extorsionados hasta ser secuestrados para pedir rescate o ser entregados a otros cárteles que suben aún más el precio de su “cruzada”. El control de las rutas migratorias ha dejado de ser un asunto de mera migración, para convertirse en un negocio ilícito multimillonario que desangra a los migrantes, quienes no tienen más opción que seguir adelante, pese a los riesgos.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el creciente endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, la presión sobre los migrantes ha aumentado. Las autoridades mexicanas se ven atrapadas entre la necesidad de controlar el flujo migratorio y las presiones de los cárteles que controlan las rutas. México se enfrenta a un desafío colosal: asegurar la protección de los migrantes sin ceder a la violencia de los grupos criminales que operan a lo largo de todo el país.
