Medidas innovadoras y solidarias toman forma en la región
A medida que Estados Unidos acelera las deportaciones de inmigrantes indocumentados, varios países de América Latina han comenzado a trazar estrategias de apoyo para recibir a sus ciudadanos retornados. Las cifras no son menores: más de 5 millones de mexicanos viven en EE.UU. sin documentos legales, y cada día se suman más a las listas de deportados. Sin embargo, la respuesta regional promete un enfoque solidario y estructurado para enfrentar este desafío.
El caso de México es uno de los más destacados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que entre el 20 y 26 de enero, llegaron al país 4.094 deportados, la gran mayoría mexicanos. Aunque no se trata de un aumento alarmante, el gobierno mexicano ya está implementando políticas para mejorar la reintegración de estos migrantes. “México te abraza” es el programa que está ayudando a los repatriados, entregando una “Tarjeta de Bienestar Paisano” con un bono de 2.000 pesos (aproximadamente 100 dólares) para ayudar en su traslado a casa.
Sin embargo, no todo es tan simple. Rossy Antúnez, experta en migración, señala que se necesita un enfoque más profundo en la reintegración de los deportados, adaptado a sus necesidades particulares según género, edad y el tiempo fuera del país. Una de sus propuestas clave es crear un consejo coordinador que involucre a los deportados y sus familias en la toma de decisiones, asegurando que las políticas públicas estén realmente alineadas con sus realidades.
En Centroamérica, la respuesta no se queda atrás. Honduras ha sido uno de los países más activos, con su programa “Hermano y Hermana vuelve a casa”, lanzado por la presidenta Xiomara Castro. Este programa tiene como objetivo ofrecer capacitación, empleo, y financiamiento a los deportados, además de proporcionar 1.000 dólares como capital semilla para el inicio de pequeños emprendimientos. Castro también subrayó que su gobierno financiaría vuelos privados para asegurar un retorno ordenado y seguro.
Aunque el programa es prometedor, la situación no es sencilla. Según datos del Pew Research Center, en EE.UU. hay 1.8 millones de hondureños; de estos, 261.651 tienen orden de deportación, lo que pone de manifiesto el tamaño de la tarea que enfrentan las autoridades hondureñas. A pesar de las dificultades, Castro insiste en que la reintegración debe garantizar dignidad y seguridad para todos los retornados.
Por otro lado, en El Salvador, el gobierno ha implementado el programa “El Salvador es tu casa”, que también busca proporcionar una nueva oportunidad a los ciudadanos deportados. Sin embargo, la situación se complica por las recientes revelaciones de que Nayib Bukele habría cooperado estrechamente con el gobierno de Donald Trump en varios temas migratorios, lo que podría hacer que El Salvador se convierta en un “tercer país seguro” para migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Este escenario ha levantado controversia, pues muchos temen que los salvadoreños sean enviados de vuelta a su país en condiciones que no garanticen su seguridad.
Mientras tanto, en Guatemala, el gobierno ha reforzado su compromiso con la repatriación humanitaria a través del programa “Retorno al Hogar”. Con nuevas medidas para ayudar a los migrantes a reintegrarse, se busca proporcionarles acceso a programas de desarrollo comunitario y capacitación. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Agenda Migrante El Salvador advierten que es esencial que los países de la región trabajen de manera coordinada. César Ríos, director de la organización, subraya la necesidad de una agenda regional conjunta que garantice un trato humano y justo a los migrantes.
Por su parte, Colombia no se queda atrás. Tras un enfrentamiento diplomático entre Trump y el presidente Gustavo Petro, que mantuvo a la región en vilo, Colombia ha adoptado medidas para atender la situación de los migrantes deportados. Petro, al igual que otros mandatarios de la región, ha abogado por un plan de crédito productivo para los deportados, permitiéndoles reintegrarse económicamente. A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha anunciado protocolos especiales para atender a los niños migrantes, asegurando que sus derechos sean respetados durante su retorno.
El panorama es más complejo para otros países, como Perú y Ecuador, que aún están ajustando sus respuestas ante el flujo de deportados. En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que cerca de 300.000 peruanos se encuentran actualmente en situación irregular en Estados Unidos. El gobierno peruano ha declarado que está trabajando para ofrecer atención médica, cobertura social y reinserción laboral a los deportados, pero aún falta un plan concreto y claro.
En Ecuador, la Cancillería ha informado que está en coordinación con varias instituciones para brindar apoyo a los ecuatorianos deportados. Aunque aún no se ha lanzado un programa específico, se espera que pronto se den a conocer medidas más concretas para garantizar su bienestar y reintegración en el país.
América Latina enfrenta un reto mayúsculo con el retorno de miles de ciudadanos deportados desde EE.UU.. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los gobiernos de la región están adoptando políticas que no solo buscan recibir a los deportados, sino también ofrecerles una segunda oportunidad. De esta manera, la región da una lección al mundo: la solidaridad y el compromiso humanitario pueden ser la clave para superar los desafíos de la migración forzada.
