El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó una de las declaraciones más contundentes del año: “Para todos los efectos prácticos, el Darién está cerrado”. Así lo afirmó durante su rueda de prensa semanal, confirmando que la selva colombo-panameña, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, ha registrado una caída histórica en el número de migrantes que la cruzan. En abril de 2025, solo 73 personas atravesaron la frontera, una cifra que contrasta brutalmente con los 29.259 del mismo mes en 2024.
Según cifras oficiales, el flujo migratorio por esta zona ha disminuido un impactante 99.7%, y en lo que va del año, apenas 2.904 personas se han aventurado por la selva. Para un país que registró más de 126.000 cruces en los primeros meses del año pasado, este descenso ha sido interpretado como una “misión cumplida” por parte del mandatario, quien implementó una política de control estricto desde el primer día de su gobierno.
Entre las acciones clave destaca el cierre de rutas ilegales dentro de la selva, la creación de un corredor humanitario, y una serie de multas económicas para quienes ingresen de manera irregular. Pero el mayor golpe vino con el programa de deportaciones establecido el 1 de julio de 2024, el mismo día en que Mulino asumió la presidencia. Esta medida, financiada por el gobierno de Estados Unidos, permite repatriar migrantes directamente desde Panamá sin costo alguno para las autoridades panameñas.
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos bajo la nueva administración de Donald Trump también ha tenido un efecto disuasivo clave. Mulino aseguró que muchos migrantes han decidido no emprender el viaje tras conocer las nuevas restricciones en la frontera norte. “Ya no tenemos migración entrando en masa”, aseguró el presidente, quien celebró que su país haya recuperado el control de uno de los puntos más críticos del continente.
Sin embargo, el problema no ha desaparecido, solo ha cambiado de dirección. En lo que va de 2025, 7.757 migrantes han regresado hacia el sur, fenómeno conocido como “flujo inverso”. Solo en marzo y abril, más de 4.900 personas han vuelto desde Panamá, muchas de ellas tras ser deportadas o al no poder continuar hacia el norte. El 95% de quienes regresan son venezolanos, y el resto corresponde a colombianos, peruanos y ecuatorianos.
Este nuevo flujo está siendo gestionado en coordinación con las autoridades de Colombia y Costa Rica, quienes también han endurecido sus controles. Aunque el volumen es menor, las condiciones humanitarias no son mejores. Muchos de estos migrantes regresan sin dinero, sin documentos y con menos opciones que cuando salieron. Para organizaciones de derechos humanos, la crisis humanitaria no se ha resuelto, solo se ha desplazado.
En contraste con los titulares triunfalistas del gobierno panameño, los expertos advierten que el cierre del Darién no es una solución definitiva, sino una pausa forzada. Las causas estructurales que empujan a miles a migrar siguen intactas: pobreza, violencia, persecución política y falta de oportunidades. Mientras tanto, los ojos del continente están puestos en esta frontera donde, al parecer, la selva ha guardado silencio, pero no para siempre.
