Muere un segundo migrante baleado en la oficina del ICE en Dallas tras días hospitalizado
Un segundo migrante mexicano ha fallecido tras ser herido en el tiroteo ocurrido el pasado miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas. Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, murió el 30 de septiembre en el Hospital Parkland, donde permaneció hospitalizado tras recibir al menos ocho disparos que le destrozaron el cuerpo. Su esposa, Stephany Gauffeny, denunció que su esposo estuvo esposado en la cama del hospital durante su hospitalización, lo que ha generado indignación en la comunidad migrante.
El ataque, perpetrado por Joshua Jahn, de 29 años, dejó también a Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años, muerto en el lugar, y a José Andrés Bordones Molina, de 34 años, herido. El FBI investiga el incidente como un acto de “violencia dirigida” con motivaciones políticas, ya que el atacante dejó una nota con amenazas explícitas contra los agentes del ICE y había realizado preparativos meticulosos, incluyendo búsquedas sobre balística y uso de aplicaciones para rastrear al personal del ICE.
García Hernández llegó a Estados Unidos a los 13 años y estaba en proceso de obtener la ciudadanía a través de su esposa. Su arresto, ocurrido el 8 de agosto por conducir bajo los efectos del alcohol, lo llevó a ser transferido a custodia del ICE, donde permaneció hasta su trágica muerte. La comunidad migrante y organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) han exigido una investigación exhaustiva del caso y justicia para las víctimas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y solicitó una investigación a fondo. Además, su gobierno ha ofrecido apoyo económico y moral a la familia de García Hernández y ha presentado cartas diplomáticas exigiendo justicia. Este caso se suma a una serie de incidentes que han puesto en evidencia las tensiones y riesgos asociados a las políticas migratorias actuales.
El tiroteo en Dallas ha generado un debate sobre la seguridad de las instalaciones del ICE y el trato a los migrantes bajo custodia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado la necesidad de una reforma en las políticas migratorias para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los migrantes.
Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump ha utilizado el ataque para justificar el despliegue de fuerzas militares en el país, argumentando un aumento en las agresiones contra agentes del ICE. Sin embargo, investigaciones periodísticas indican que muchas de estas agresiones se producen durante arrestos y no como ataques dirigidos premeditadamente.
Este trágico suceso subraya los riesgos y desafíos que enfrentan los migrantes en su travesía hacia Estados Unidos, así como las tensiones políticas que continúan marcando la agenda migratoria en la región. La comunidad internacional observa atentamente las acciones que se tomen en respuesta a este incidente y las políticas que se implementen para prevenir futuros actos de violencia.
