El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a desestimar solicitudes de asilo presentadas por migrantes que no pagaron una nueva tasa anual establecida por la administración, una barrera financiera que podría agravar la vulnerabilidad de quienes buscan protección. La medida supone un cambio drástico en la forma en que ese país procesa las peticiones de refugio y abre un nuevo capítulo en la agenda migratoria.
El cobro se publicó oficialmente y establece que quienes hayan solicitado asilo antes del 1 de octubre de 2024, y cuya petición aún estuviera pendiente al 30 de septiembre de 2025, deben abonar 100 dólares como cuota anual para mantener activa su solicitud. Las quejas de organizaciones de migrantes apuntan que la implementación fue “caótica”, ya que no se informó con claridad a los solicitantes sobre el procedimiento, el plazo ni los medios de pago.
Según denuncias de abogados especializados, ya hay casos documentados en que jueces del sistema de inmigración han rechazado solicitudes simplemente por falta del pago de la tasa, incluso antes de que los solicitantes tuvieran claridad sobre cómo hacerlo. Esta práctica pone en evidencia el riesgo de que personas con demandas legítimas de protección caigan en situaciones de deportación sin un análisis sustantivo de su caso.
Para miles de migrantes en tránsito por América Latina —y en especial quienes buscan alcanzar territorio estadounidense para emitir su petición de asilo— esta nueva barrera financiera supone un doble escollo. No solo deben sortear las ya conocidas rutas irregulares, trampas de intermediación y controles fronterizos; ahora se enfrentan al desafío de cumplir con un sistema de pagos que no siempre les fue explicado. El entorno migratorio en la región podría volverse aún más precario.
El impacto social y humanitario es múltiple: quienes no pagan la tasa pueden ver suspendido o descartado su caso, lo que los deja sin opción de asilo legal y en riesgo de detención o deportación. Asimismo, la medida restringe el acceso al sistema formal de protección, lo que puede empujar a muchos a recurrir a vías informales, más peligrosas y sin garantías. El efecto acumulado agrava la crisis migratoria regional.
Queda claro: la introducción de la tasa y su exigencia como condición para que una solicitud de asilo sea admitida no es un detalle administrativo menor. Representa un cambio estructural en la política migratoria estadounidense con impactos reales sobre miles de personas. La pregunta es qué mecanismos habrá para quienes no pudieron pagar: ¿habrá exenciones, aclaraciones, prórrogas? O bien, ¿será esta la puerta que muchos buscaron y no lograron cruzar hacia una vida segura? El tiempo dirá, pero para los solicitantes el riesgo es inmediato y grave.
