La detención de un empleado del Ayuntamiento de Nueva York por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha vuelto a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan miles de migrantes en Estados Unidos, incluso aquellos que cuentan con autorización legal para permanecer en el país. El caso involucra a Rafael Andrés Rubio Bohórquez, un ciudadano venezolano de 53 años que trabajaba como analista de datos para la ciudad.
Rubio Bohórquez fue arrestado cuando acudía a una cita migratoria considerada rutinaria en Long Island. De acuerdo con autoridades locales, el funcionario tenía permiso vigente para permanecer en Estados Unidos hasta octubre de este año y llevaba cerca de un año trabajando para el gobierno municipal. Sin embargo, tras la cita fue detenido y trasladado a un centro de detención federal en Manhattan.
La detención provocó una reacción inmediata de líderes políticos de Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani denunció el arresto y exigió su liberación, calificando el hecho como una acción que genera miedo entre las comunidades migrantes y pone en entredicho la seguridad jurídica de quienes cumplen con los procesos migratorios establecidos.
Desde el gobierno federal se sostuvo que Rubio Bohórquez se encontraba de manera irregular en el país y que existían antecedentes penales que justificarían la intervención de ICE. Esta versión fue cuestionada por autoridades locales, quienes insistieron en que el empleado tenía autorización legal y que su arresto ocurrió sin previo aviso al Ayuntamiento.
La gobernadora del estado también se pronunció, advirtiendo que este tipo de operativos durante comparecencias migratorias puede tener efectos graves. Según señaló, lejos de mejorar la seguridad, estas acciones pueden desalentar a los migrantes a presentarse ante las autoridades, aumentando la desconfianza y la vulnerabilidad de miles de personas que buscan regularizar su situación.
Organizaciones defensoras de migrantes alertan que este caso no es aislado y que podría marcar un precedente preocupante. Migrantes con permisos temporales, solicitantes de asilo o personas en procesos legales podrían temer acudir a citas obligatorias, afectando su estatus y estabilidad laboral, así como la de las instituciones que los emplean.
El caso de Rubio Bohórquez evidencia la fragilidad del estatus migratorio en Estados Unidos y el impacto humano de las detenciones inesperadas. En un contexto de políticas migratorias más estrictas, la incertidumbre se extiende entre comunidades enteras, mientras crece la preocupación por lo que podría venir después y quién podría ser el próximo afectado.
