En Hialeah, Florida, un hombre identificado como Rafael Moreno fue arrestado tras hacerse pasar por abogado de inmigración sin contar con una licencia profesional. Moreno, de 49 años, ofrecía asistencia legal a migrantes latinos utilizando diplomas falsos y cobrando por trámites de asilo. Su farsa terminó cuando una mujer de Alabama, que sospechó de su legitimidad, contactó a las autoridades y destapó su esquema fraudulento.
El primer acercamiento entre la víctima y Rafael Moreno ocurrió en marzo, cuando ella viajó hasta Hialeah tras recibir una tarjeta de presentación. En su supuesta oficina en Palm Avenue, Moreno cobró 170 dólares y preparó documentos migratorios sin la presencia del solicitante. Además, solicitó 450 dólares adicionales para completar el proceso, aumentando las sospechas. Tras su denuncia, la Policía local verificó que no tenía licencia para ejercer como abogado en Florida.
La investigación reveló que Moreno ya estaba bajo una orden judicial permanente de la Corte Suprema de Florida, que desde diciembre de 2024 le prohibía actuar en asuntos legales. El 16 de abril, como parte de un operativo encubierto, un agente se presentó como cliente y comprobó que Moreno continuaba ofreciendo servicios legales falsos, cobrando 100 dólares por trámites de asilo y presumiendo 15 años de experiencia apoyado en títulos falsificados.
Tras desenmascararlo, las autoridades lo acusaron formalmente de dos delitos graves: ejercer sin licencia y uso indebido de su función como notario. Su fianza fue fijada en 5000 dólares y la Policía no descarta que haya más víctimas afectadas por su esquema de estafa, dado que su modus operandi apuntaba a personas en situaciones vulnerables.
Para evitar caer en fraudes similares, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recomienda verificar que cualquier abogado de inmigración esté debidamente acreditado ante el Colegio de Abogados y no esté sujeto a sanciones disciplinarias. También advierte que notarios públicos o consultores de inmigración no están autorizados a dar asesoramiento legal, salvo que estén reconocidos oficialmente por el Departamento de Justicia (DOJ).
Finalmente, toda representación legal legítima debe ser certificada mediante la presentación del Formulario G-28 en el expediente migratorio correspondiente. En un contexto donde los migrantes son blancos fáciles para los estafadores, la verificación previa puede marcar la diferencia entre conseguir un futuro mejor o caer en manos de oportunistas sin escrúpulos.
