Estados Unidos atraviesa una escalada sin precedentes en su política migratoria: más de 150.000 personas se han postulado para trabajar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con reportes del gobierno de Donald Trump.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los aspirantes buscan “defender la patria y expulsar a los peores criminales inmigrantes ilegales del país”.
Entre estas solicitudes, ya se han emitido aproximadamente 18.000 ofertas de empleo preliminares, según Noem.
Esto sucede en un contexto de redadas migratorias intensificadas en ciudades como Chicago, Boston y Los Ángeles, donde familias, comunidades enteras, han reportado miedo de salir de sus hogares por temor a detenciones repentinas.
El gobierno justifica estos operativos como parte de una campaña enfocada en inmigrantes ilegales con antecedentes penales.
Hasta ahora, en lo que va del año, se registran más de 200.000 arrestos y más de 50.000 detenciones en todo el país.
En su discurso, Kristi Noem ha afirmado que Estados Unidos debe invertir incluso en “una flota de aviones dedicada exclusivamente a deportaciones”.
El impacto humano de estas medidas empieza a sentirse: comunidades migrantes afirman que los operativos han provocado parálisis cotidiana, pues personas evitan acudir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o acudir a centros médicos, por temor a toparse con agentes del ICE.
Además, en Illinois, se reportó un incidente en el cual un hombre murió durante lo que las autoridades describen como un intento de arresto en el que habría embestido un auto contra oficiales.
Otra componente preocupante es la naturaleza simbólica y propagandística de la campaña. Los operativos han sido bautizados con nombres fuertes como “Operación Midway Blitz” en Chicago o “Patriot 2.0” en Massachusetts.
En paralelo, el discurso oficial se centra en quienquiera que “agreda a un agente del ICE” será procesado con severidad federal.
