El tiempo se acaba para miles de venezolanos en Estados Unidos. Sin opciones claras de protección legal, el temor a ser deportados crece a medida que se acerca el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el camino del asilo se vuelve cada vez más empinado.
Desde hace meses, migrantes venezolanos vienen alertando que las negaciones de asilo aumentan y los criterios para obtenerlo son cada vez más estrictos. “La figura del asilo se ha desdibujado”, advierte Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, organización que acompaña a comunidades migrantes.
De esperanza a incertidumbre
Aunque hasta hace poco los venezolanos figuraban entre las nacionalidades con mayor aprobación de asilo, las cifras más recientes muestran una caída preocupante. Solo en 2024 había más de 130,000 solicitudes pendientes, y según testimonios recopilados por Ferro, la mayoría corre riesgo de ser denegada.
El endurecimiento no solo se siente en las estadísticas. Casos individuales muestran un patrón: jueces más duros, más requisitos de pruebas, menos flexibilidad, incluso para quienes ya han construido una vida en EE.UU.
“Ya no importa si tienes años en el país, si abriste un negocio, si compraste una casa. Lo que se evalúa es si puedes probar que te persiguieron personalmente”, explica el abogado Juan Pablo Molina, con sede en Houston.
El reloj corre para el TPS
A eso se suma el vencimiento inminente del TPS, que protegía a miles de venezolanos desde 2021. De no renovarse, muchos quedarán sin estatus migratorio en cuestión de semanas. Algunos intentan apelar, otros buscarán vías alternas como el matrimonio con ciudadanos o visados humanitarios, pero la mayoría simplemente no tiene salida inmediata.
“Perder el TPS con un asilo en espera es una bomba de tiempo”, dice Cecilia González, quien lleva ocho años esperando una resolución judicial junto a su familia.
Una puerta que se cierra
Según reportes, la Administración ha instruido a jueces migratorios a cerrar casos de asilo considerados débiles incluso sin audiencia completa, algo que abogados y organizaciones cuestionan fuertemente.
Además, hay reportes de migrantes detenidos al salir de audiencias, con órdenes de deportación emitidas ese mismo día. “Es como si el sistema estuviera diseñado para fallarles”, dice Ferro.
Muchos, además, ni siquiera pueden plantearse salir del país: no tienen pasaporte válido, ni posibilidad de renovarlo por la ruptura de relaciones consulares con Venezuela. Esto les impide buscar asilo en terceros países.
Volver no es opción
“Regresar puede ser una sentencia de muerte”, advierte Ferro. Aunque el gobierno de Venezuela ha negado los abusos, migrantes aseguran que volver significaría exponerse a desapariciones, detenciones arbitrarias o incluso represalias por razones políticas.
“No es una decisión difícil. Es una decisión imposible”, resume Cecilia, quien ya construyó su vida en EE.UU., tiene un título universitario y trabaja en una ONG de derechos civiles.
¿Y ahora?
La realidad es cruda: la mayoría de los solicitantes no han hecho nada ilegal, muchos entraron por vías regulares, tienen permisos de trabajo vigentes y no tienen antecedentes. Pero aun así, podrían quedar atrapados en el limbo legal.
“Estamos a merced de un sistema migratorio que parece una lotería”, dice Cecilia. “Pero si este país es tan justo como creemos, la verdad y la dignidad deberían prevalecer”.
