Un operativo migratorio en una construcción de Hyundai-LG en Georgia, Estados Unidos, resultó en la detención de entre 450 y 560 trabajadores, principalmente migrantes latinoamericanos y surcoreanos, según reportes de agencias como Reuters y AP. Se trató de una operación coordinada por ICE, Homeland Security Investigations, el FBI, la DEA y el ATF, enfocada en investigar posibles violaciones laborales en el sitio.
Entre los detenidos se encuentran aproximadamente 300 ciudadanos surcoreanos, muchos vinculados a LG Energy Solution en movimientos de trabajo específicos, según medios surcoreanos. La presencia de tantos ciudadanos de ese país llevó al gobierno de Corea del Sur a expresar su preocupación por el bienestar de sus nacionales y el impacto de este tipo de medidas en la confianza sobre inversiones extranjeras.
La construcción de la planta de baterías, un proyecto binacional entre Hyundai Motor Group y LG Energy Solution valorado entre 4.3 y 7.6 mil millones de dólares, quedó suspendida temporalmente. Sin embargo, las operaciones de manufactura de vehículos eléctricos en otra planta de Hyundai en Georgia continuaron sin alteraciones.
En reacciones oficiales, autoridades surcoreanas declararon que las actividades económicas de sus empresas y los derechos de sus ciudadanos deben respetarse incluso durante acciones enmarcadas en la ley estadounidense. Se envió personal diplomático al lugar y se estableció un equipo local para atender el caso. LG y Hyundai confirmaron su total disposición para colaborar con las autoridades y garantizar la seguridad de quienes trabajan en el sitio.
Este operativo refleja un contexto más amplio: el Gobierno de EE. UU., bajo la administración del presidente Trump, ha impulsado una agenda migratoria más estricta, con redadas en distintos sectores laborales. Este caso particular destaca por afectar un importante proyecto industrial de origen internacional, y pone en evidencia la tensión entre política migratoria y relaciones económicas.
Mientras las investigaciones siguen su curso, este episodio deja un claro impacto en las comunidades laborales migrantes y reaviva el debate sobre cómo conciliar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de trabajadores extranjeros en situaciones vulnerables.
